El arresto domiciliario otorgado al ex gobernador de Presidente Hayes, Óscar Venancio “Ñoño” Núñez Giménez, hermano del senador Basilio “Bachi” Núñez y condenado a 11 años de cárcel por varios hechos de corrupción durante su gestión al frente de la institución departamental, causó indignación en las redes sociales y la reprobación de activistas sociales.
El juez de ejecución penal Carlos Mendoza dispuso la prisión domiciliaria del ex ministro de Educación, Luis Alberto Riart Montaner. La medida se da seis meses después de que se haya puesto a disposición de la justicia, para cumplir su condena de 3 años de cárcel por el hecho de lesión de confianza, dictada por un Tribunal de Sentencia en julio de 2019.
La Cámara de Apelaciones confirmó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en la causa que investiga la presunta lesión de confianza con el fallido metrobús, que ocasionó un perjuicio de US$ 25 millones al Estado. Ahora el juzgado de Garantías tiene vía libre para fijar nuevamente fecha para la audiencia preliminar, a fin de resolver si el ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona va a juicio oral.
La expresidenta de Petropar Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, tienen fianza personal de G. 440 millones cada uno a cambio de seguir con medidas alternativas a la prisión hasta tanto quede firme la sentencia del caso “agua tónica”. La pareja fue condenada a 4 años, y 3 años y 9 meses de cárcel, respectivamente, por lesión de confianza.
Para el martes 26 de noviembre, a las 12:00, programó el Tribunal de Sentencia el juicio de reparación del daño, en la demanda promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex ministro de la Secretaría de la Niñez José Orué Rolandi y otros cuatro condenados por el desvío de G. 3.010 millones de la merienda escolar.
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú volvió a ratificar su oposición al pedido de desestimación de la denuncia por el presunto desvío de más de G. 1.6 billones en el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración de Vicente Battaglia. Ahora el caso queda a cargo de Fiscalía General, para cambiar de postura o ratificar la petición.