juzgado de paz

LUQUE. La defensa del exdirigente deportivo Ramón González Daher (RGD), representada por el abogado Mario Elizeche, solicitó revisión de medidas y solicitó libertad ambulatoria para su cliente. Sin embargo, la jueza a cargo negó el pedido y el imputado por denuncia falsa seguirá con arresto domiciliario. La fiscal de la causa es Sandra Ledesma, quien al igual que la querella, se opusieron al pedido de revocación de la medida que pesa sobre RGD.

LUQUE. La fiscala de Luque, Sophia Galeano, imputó a cinco mujeres por los supuestos hechos punibles de asociación criminal, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Las mismas formarían parte de una red de falsificadores que se dedicarían a la apropiación ilegal de inmuebles de grandes dimensiones para luego comercializarlas.

CAPIATÁ. Esta madrugada una comitiva fiscal policial encabezada por el agente Silvio Alegre, allanó el domicilio de una actuaria que se desempeñaba en el Juzgado de Paz de la Catedral, dependencia judicial donde una supuesta red de falsificadores inventó un juicio para apropiarse de un inmueble de casi cinco hectáreas. En el lugar no se encontró elementos vinculados a la causa que investiga la Fiscalía Zonal de Luque.

LUQUE. El oficial de Justicia Jorge Alberto Thompson Zarza fue imputado por producción y uso de documentos no auténticos y declaración falsa. El oficial de justicia utilizó un mandamiento supuestamente apócrifo para despojar a la familia Sopeña de su propiedad el pasado 1 de diciembre. El documento es producto de un juicio ficticio que benefició a una mujer llamada Ema Nilza Turo Martínez. Sin embargo, el expediente “no existe” en el Juzgado de Paz de la Catedral de Asunción.

LUQUE. Entre anoche y esta madrugada los fiscales Sandra Ledesma, Sophia Galeano y Augusto Ledesma Blasser realizaron tres allanamientos simultáneos en dos barrios de Asunción. Una de las intervenciones fue en la casa de la jueza fallecida cuya firma aparece en el mandamiento de desalojo de la propiedad y las restantes fueron en el estudio jurídico y casa de la exabogada de la familia Sopeña. Los sospechosos del foro hicieron desaparecer computadoras y grabaciones del circuito cerrado.