Un juzgado penal hizo lugar a la extinción de la acción y decretó además el sobreseimiento definitivo de Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias “Chicharõ”, procesado por lavado de dinero, quien falleció acribillado el 7 de agosto de 2021. Sin embargo, el juez rechazó el levantamiento de medidas cautelares sobre sus valiosos y numerosos bienes porque están sujetos a un proceso de comiso.
Un juez penal de garantías dispuso la prohibición de innovar y contratar sobre unos 61 rodados que anteriormente el juzgado ya había decretado el embargo preventivo en la causa “Miguel Angel Servín Palacios y otros s/ lavado de dinero”, derivado de la incautación de 2.331 kilos de cocaína en el Puerto Terport, Villeta, en octubre del 2020.
El juez penal de garantías José Agustín Delmás Aguiar, ordenó que otros dos aduaneros de Ciudad del Este enfrenten juicio oral y público por los hechos de cohecho pasivo agravado, asociación criminal y contrabando. Sobre otros tres procesados, el juzgado imprimió trámite de oposición. Anteriormente, ya se ordenó que dos aduaneros y un militar enfrenten juicio oral, en un caso donde se filmó la perpetración de los delitos.
El fiscal Juan Ramón Olmedo Centurión, de la Unidad Penal N° 3, Especializada en Delitos Informáticos, imputó a una mujer por el hecho punible de “lesión del derecho a la comunicación e imagen”, por haber puesto un rastreador GPS en el vehículo de su excónyuge, a quien incluso espiaba las 24 horas con un micrófono incorporado en el artefacto electrónico.
En la mañana de este miércoles expusieron en audiencias públicas en el concurso de terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Jorge Enrique Bogarín González y el juez José Agustín Delmás Aguiar, quienes recibieron puntajes de 17,37 y 15,71, respectivamente, de 20 puntos posibles. Mañana prosiguen las audiencias con la exposición de otros tres postulantes.
El juez penal de garantías José Agustín Delmás Aguiar rechazó el incidente de nulidad de actuaciones que promovió el extraditable Kassen Mohamad Hijazi, a través de su abogado Jorge Marcial Ortiz Oviedo. El libanés de origen brasileño es solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos como un importante eslabón del crimen organizado, que “lava” millones de dólares, presuntamente provenientes del narcotráfico y otros delitos.