CIUDAD de MÉXICO. El Instituto Nacional Electoral (INE) de México se declaró listo para comenzar este lunes el inédito proceso para organizar los primeros comicios para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular, tras promulgarse la reforma del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dilata analizar las causas donde estarían involucrados jueces y fiscales que habrían beneficiado al usurero Ramón González Daher (RGD), y sin embargo, estudia casos en donde fiscales ya fueron absueltos con anterioridad de esta responsabilidad.
En una confusa sesión, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con votos de tres miembros cartistas evitó que el juez en lo civil Édgar Agustín Rivas Laguardia sea por lo menos investigado por supuesto mal desempeño de funciones, por una sospechosa condena de casi US$ 45 millones a una empresa brasileña. El Jurado analizó la nota del abogado de la firma afectada, pero los miembros ya preopinaron que no admitirán el inicio de una investigación. Rivas Laguardia había regulado honorarios en unos US$ 4 millones a favor de abogados de Darío Messer para frenar embargos y secuestros de bienes del doleiro de doleiros.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dispuso la investigación preliminar para el juez de Encarnación Abg. Miguel Oscar López Sosa, por liberar a un presunto polibandi, imputado por reducción. De igual manera, también se rechazó un recurso promovido por la fiscala Casse Giménez, por la intervención de miembros sustitutos del Jurado. El pedido de declaración de litigante de mala fe contra Giménez, será analizada en su oportunidad.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió iniciar una investigación preliminar a un juez penal de ejecución y a miembros del Tribunal de Apelaciones que habrían posibilitado la salida de la cárcel de dos condenados por delitos violentos que una vez en libertad asesinaron a un joyero para robarle.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de reconsideración que promovió la destituida jueza penal de garantías Claudia Jessica Mosqueira. La exmagistrada pretendía que la Corte paralice los trámites administrativos y no comunique al Consejo de la Magistratura (CM) la vacancia del cargo. Alegó que recurrió a una acción de inconstitucionalidad. Mosqueira fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por reiteradas ausencias a su despacho. También se resolvió realizar una auditoría por la venta en subasta de una narcoestancia.