Jubilaciones y pensiones

Hubo una reunión entre senadores, diputados y administradores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo y quedó claro que, salvo excepciones muy puntuales, no existe voluntad en ninguna de las corrientes políticas de desprenderse de privilegios. Por todos los medios intentaron justificar lo injustificable, falsamente afirmaron que la caja “goza de buena salud” y coincidieron en la burda excusa de tomarse tiempo para hacer una reforma supuestamente integral cuando, a lo sumo, solo se muestran dispuestos a consentir pequeños retoques sin cambiar lo principal. Es fundamental e imperioso eliminar los privilegios de la Caja Parlamentaria y equiparar sus beneficios a los de todo el resto de la población porque los congresistas no pueden pretender legislar sobre las jubilaciones de los demás funcionarios públicos sin empezar por casa. Si no lo hacen, el crucial proyecto de reforma de la Caja Fiscal va rumbo al fracaso.

El Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal) enfrenta un punto de inflexión que, de acuerdo con las proyecciones oficiales, se vuelve más crítico a partir de este año 2026. Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que el deterioro no responde a un fenómeno aislado ni reciente, sino a una dinámica acumulativa que se profundiza, sin reformas, en el corto y mediano plazo en prácticamente todos los sectores.

Como ya se ha venido analizando, la Caja Fiscal enfrenta una señal de alerta clara: en la mayoría de sus regímenes, los aportes ya no alcanzan para cubrir el gasto en jubilaciones y pensiones. Los datos del Estudio Actuarial dados a conocer por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 2024, con proyecciones para el periodo 2027-2031, muestran que el descalce entre ingresos y egresos no es un problema futuro, sino una realidad presente en varios sectores y una tendencia inminente en otros.

El proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal implica una batalla técnica, jurídica y, por supuesto, política, reconoció la gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel. Explicó que se basaron en sentencias de la Corte para definir el “derecho adquirido” y desde cuándo un trabajador lo obtiene –para no verse afectado por los cambios–.

La reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público o Caja Fiscal se presenta como una necesidad acuciante, ante el déficit de US$ 380 millones con el que cerró el 2025 y las proyecciones de que ese monto se triplique dentro de la próxima década.