En total son ocho los hechos que la Fiscalía inculpa al ex ministro Jiménez Gaona, como la falta de liberación de la franja de dominio, la no obtención de permiso de las municipalidades afectadas, inicio de la obra sin diseño final, la no aplicación de multas a la contratista de la obra (la portuguesa Mota Engil), la construcción de desagües inadecuados, así como varios hechos más, que causaron un perjuicio de G. 180.030 millones (US$ 25 millones al cambio actual) al Estado, según la acusación.
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Sandra Quiñónez, elegida por HC en cuestionado proceso, ratifica que “no hay méritos” para acusar. Se cambió proyecto para beneficiar a contratista por US$ 3 millones y Contraloría halló sobrecostos. Insólitamente fiscalía dice que se completaron trabajos, cuando el propio MOPC reclama obras faltantes. Según una investigación oficial en su país, la española Isolux pagó sobornos para quedarse con este contrato.