22 de enero de 2025
internacion
“Papo” Morales quiere ser internado en un sanatorio privado y un juez debe resolver el caso
La defensa de Gregorio “Papo” Morales, procesado por homicidio, pidió su internación en un sanatorio privado o IPS para su tratamiento de la enfermedad de Parkinson, en una audiencia de tutela jurisdiccional en la que la fiscalía se allanó al pedido, realizada por medios telemáticos en Misiones. Sin embargo, un informe médico forense sugiere que puede seguir su tratamiento en la penitenciaría.
Gasto Cero: depósito de ingreso a privados no está contemplado en ley
Aunque unas 2.000 personas ya fueron beneficiados, otros siguen aguardando la aprobación de Salud Pública, que dice que no se previó el pago para el ingreso a los sanatorios privados, que no quieren aceptar a pacientes sin una garantía.
Denuncian cobro irregular por internación
Por lo menos seis familias denunciaron al Sanatorio Samaritano de Asunción por cobros irregulares tras una internación. En algunos casos, el sobrecosto de medicamentos e insumos supera el 200%, en comparación con el precio de referencia de otros centros de atención médica.
Buenos Aires alerta de alta ocupación en las camas de terapia intensiva
BUENOS AIRES. El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires alertó este martes de la alta ocupación de camas de terapia intensiva debido a la segunda ola de la pandemia de coronavirus, que afecta especialmente al sector privado, donde las camas ocupadas en promedio representan el 82 % de la capacidad.
Suman unos 50 recursos de amparo para acceder a una cama en UTI o solventarla
Actualmente existen entre 45 y 50 recursos de amparos en trámites iniciados por familiares de pacientes con COVID-19}. La mayoría de ellos son de internados en salas de unidad de terapia intensiva (UTI) en sanatorios privados, que ya no pueden seguir solventando los gastos.
Salud enfrenta una veintena de amparos constitucionales de pacientes con covid
El Ministerio de Salud actualmente está tramitando 24 amparos judiciales iniciados por familiares de pacientes con COVID-19 que no consiguen terapia intensiva en el sistema público o ya están en sanatorios privados y piden que el Estado corra con los gastos. El director de asuntos judiciales, Omar Valdez, contó que pueden llegar a gastar hasta G. 13 millones por día en cada cama de UTI y tienen 90 que son parte del convenio público-privado.