Naciones Unidas, 14 nov (EFE).- Un comité especial de la ONU señaló este jueves que los métodos de guerra de Israel en Gaza son “acordes con las características del genocidio”, y acusó a ese país de “usar el hambre como arma de guerra e infligir castigos colectivos a la población palestina”.
Tras prolongada espera, la Contraloría General de la República (CGR) emitió informe parcial de auditoría realizada a la Gobernación del Alto Paraguay correspondiente al periodo 2019, del ex gobernador y actual diputado nacional José Domingo Adorno, reciclado en filas de Honor Colorado. Entre las irregularidades se menciona el pago de G. 500 millones por trabajos para sofocar incendios forestales, sin embargo estas tareas fueron realizadas y pagadas por ganaderos de la zona.
Durante la última sesión de la Junta Departamental, los concejales resolvieron por unanimidad solicitar al Ministerio de Salud el informe final de la intervención del Hospital Regional. El pedido obedece a que no se observan grandes cambios a favor de la atención de la salud de los pobladores, según refirió el concejal Juan Gualberto Ortiz, propiciante del pedido de informe.
La senadora Kattya González (PEN) presentó un pedido de informe al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en referencia al texto “Las 12 ciencias”, de la autora ecuatoriana Judith Turriaga, que fue aprobado para ser distribuido en todas las instituciones educativas del Paraguay y habla sobre “la educación para la sexualidad”. La senadora advirtió al presidente del Congreso Nacional que esto puede convertirse en una crisis sin precedentes. Advirtió que estamos ante “una corriente que pretende permear sus ideas dentro del sistema educativo”.
De acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado 2023, Paraguay está en el puesto cuatro de los países que son considerados centros de criminalidad y delincuencia organizada. En el último Índice Global elaborado en el año 2021, estábamos en el puesto 13 de 193 países. Un investigador explica en detalles las falencias que llevaron al país a avanzar, pero de forma negativa.
La Cámara de Senadores ratificó hoy que es un “desacato judicial” la falta de respuesta a pedidos de informes que el Congreso realiza a las autoridades de entes estatales. El proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, instancia que rechazó la iniciativa. Se plantea cárcel de hasta cinco años e inhabilitación para ejercer cargos públicos al que incumple la ley.