informalidad

Ante la alta informalidad laboral y la evasión, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) trabaja en una estrategia para reducir esta problemática. Simplificación de trámites para inscripción obrero-patronales, optimización de plataforma de empleos, serían algunas de las acciones, según se informó en un taller organizado por la OIT y la Central de trabajadores.

El informe “Juventud desigual: el desafío del Cono Sur”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hace un análisis profundo de las condiciones socioeconómicas de los jóvenes paraguayos. Las cifras son alarmantes y los desafíos urgentes que deben ser plasmados en políticas públicas, planes y acciones que construyan un futuro más equitativo y próspero para las generaciones futuras.

Que alguien le cuente al senador de Cruzada Nacional José Oviedo, y a quienes apoyen su proyecto de ley que reduce la jornada laboral legal de 48 a 40 horas semanales, que el problema del Paraguay no es precisamente el exceso de trabajo, sino la falta de trabajo completo y formal, justamente lo opuesto. La gran mayoría de los trabajadores paraguayos son práctica o directamente changadores, su ocupación es intermitente, obtienen sus ingresos a destajo o cobrando por jornal, a lo sumo como empleados precarios de copetines, pequeños comercios o talleres, en un altísimo porcentaje al margen de cualquier normativa. Este proyecto de ley no hace nada por ellos, todo lo contrario. De aprobarse, irremediablemente promoverá una mayor informalidad, en vez de desestimularla, y condiciones de trabajo incluso peores.

Desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) compartieron datos sobre el desempleo y la informalidad en Paraguay. Según la directora General de Producción Técnica Estadística de la institución, es muy elevado el porcentaje de informalidad en nuestro país.

Como gran amenaza para la economía formal y los ingresos fiscales, la economía subterránea tiene un impacto que equivale al 47,1% del PIB. A pesar de estar tipificado como delito, los vacíos legales y la falta de coordinación entre instituciones dificultan su combate, alimentando delitos conexos como el lavado de dinero.