La producción de la hidroeléctrica Yacyretá cayó en noviembre último 29,6% con relación al mismo mes de 2023. Si comparamos la generación acumulada entre enero y noviembre de este año con la del mismo período del 2023, comprobaremos que suministró 21% menos, según el también recortado informe que ofrecen las oficinas argentinas, ante el mutismo las paraguayas.
Tras el golpe del cartismo y de sus aliados para evitar que se amplíe la ley de acceso a la información pública, el senador Rafael Filizzola (PDP) anunció que volverá a presentar un nuevo proyecto de ley que incluya las reformas que fueron enterradas por los cartistas para evitar que el gobierno de Santiago Peña (ANR) sea transparente
En una jugada del oficialismo, el Senado prácticamente mató ayer la ley N° 7257, una ampliación de Ley N° 5282/2014 “De libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental”. Esta norma, que fue vetada parcialmente por Santiago Peña, obligaba al Estado a mantener la información pública actualizada y a disposición del público de forma constante en formato de datos abiertos y procesables.
El senador Rafael Filizzola (PDP) calificó como un “grave ataque a la transparencia” y al derecho del acceso a la información pública, por la decisión tomada este miércoles en el Senado. Se trata de un veto parcial del Presidente de la República a una ley. Finalmente los senadores no promulgaron la parte no objetada de la normativa.
La EBY evadió entregar a través de un pedido de acceso a la información copia de los contratos de alquiler vehículos en 2020, 2021, 2022, 2023 y vigente. La entidad se excusó diciendo que el pedido debe ser canalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su parte, la Itaipú está en plena evaluación para el registro de precios para una futura contratación por un máximo de G. 16.475 millones, alrededor de US$ 2,1 millones.
Con la vigencia de la Ley 7257 “Que modifica los artículos 8° y 10°, y amplía la Ley N° 5282/2014 “De libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental” el gobierno de Santiago Peña estará obligado a que las fuentes públicas se mantengan actualizadas y a disposición del público de forma constante en formato de datos abiertos y procesables.