Desde la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) analizaron qué les espera a las aceiteras en 2025 y adelantaron que el panorama resulta complejo debido a la falta de consolidación de una política industrial, que otorgue incentivos para seguir apostando al procesamiento de la materia prima, en este caso la soja. Lamentaron que se cierre el año con una caída del 10% en el nivel de molienda.
La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) tiene expectativas positivas sobre los anuncios hechos por el nuevo presidente de la Argentina, Javier Milei, según manifestó la gerente del gremio, Abog. Sandra Noguera.
Al cierre del séptimo mes del año, la molienda de granos de oleaginosos alcanzó 1.721.639 toneladas, cifra que representa un incremento del 11% si comparamos con el mismo periodo del año pasado, pero alrededor de 200.000 toneladas por debajo del promedio de procesamiento de enero a julio en los tres años anteriores al de la sequía de 2022, según el informe del gremio Cappro.
Con la recuperación de la cosecha de soja -el principal rubro agrícola del Paraguay- también se ha recuperado el dinamismo en los volúmenes mensuales de exportación. Si a eso sumamos la buena producción de maíz se está muy cerca de alcanzar el registro para los primeros siete meses de los buenos años que fueron 2020 y 2021, donde la producción superó lo que se esperaba conseguir en esas campañas, señala el informe de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).
La logística es el principal desafío para la producción y el plan de la hidrovía es clave, así también mejorar los caminos para la exportación como la ruta bioceánica que impulsará la competitividad y el crecimiento del país, según dijo el experto del USDA, Benjamín Boroughs, en el marco del acto de celebración de los 17 años del gremio Cappro, en Paseo La Galería.
El gran volumen de aceites y grasas vegetales de dudoso origen que se provee al mercado local, mayormente de contrabando desde Argentina, representa actualmente US$ 168 millones al año, cifra que proporcionalmente representa una evasión de cerca de US$ 15,3 millones en concepto de IVA, según estima el gremio Cappro.