La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) emitió un comunicado en el que destaca que de todas las industrias que operan en Paraguay, solo las asociadas a la Cappro no tienen derecho a la devolución del IVA al exportar productos industrializados, hecho que les resta competitividad del sector, el que para colmo hoy prácticamente está paralizado.
La logística es el principal desafío para la producción y el plan de la hidrovía es clave, así también mejorar los caminos para la exportación como la ruta bioceánica que impulsará la competitividad y el crecimiento del país, según dijo el experto del USDA, Benjamín Boroughs, en el marco del acto de celebración de los 17 años del gremio Cappro, en Paseo La Galería.
El gran volumen de aceites y grasas vegetales de dudoso origen que se provee al mercado local, mayormente de contrabando desde Argentina, representa actualmente US$ 168 millones al año, cifra que proporcionalmente representa una evasión de cerca de US$ 15,3 millones en concepto de IVA, según estima el gremio Cappro.
Durante el primer trimestre de este año las exportaciones del complejo soja han alcanzado un valor de US$ 1.102 millones, un crecimiento de más del 50% con relación al primer trimestre del año pasado y con el mejor registro de los últimos 6 años, según el informe de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).
El periodo 2023 está demostrando nuevamente que es un año complejo para la industria aceitera paraguaya, ya que además del retraso en la cosecha de soja, la industria se enfrentará también a una situación compleja con la importante caída de la producción en la Argentina, por causa de la sequía, de acuerdo a la información proporcionada por la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).
El 2022 cierra como el peor año para la industria aceitera desde que las inversiones posibilitaron aumentar la producción a más de 4 millones de toneladas en 2013, tanto en nivel de procesamiento como en porcentaje de utilización de la capacidad instalada. Eso, según la evaluación de Cappro, que responsabiliza a la sequía y la ausencia de políticas de incentivo en el rubro.