2 de mayo de 2025
Los manifestantes que se encuentran frente al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) aseguran que permanecerán en el lugar hasta que el presidente de la institución, Juan Ramón Benegas, sea destituido. “No es que queremos venir a perjudicar a la gente de Asunción”, aseguró un vocero.
El hallazgo de oro en Paso Yobái (210 kilómetros al este de Asunción) hace más de 20 años transformó el pueblo: ahora, uno de cada seis de sus 30.000 habitantes se ha volcado a abrir enormes pozos para vender la tierra con oro. Agricultores y pueblos originarios se sienten avasallados y exigen que se delimite el territorio minero, una pretensión no negociable para los buscadores.
Representantes de comunidades indígenas asentadas en Paraguay y en Brasil, del Pueblo Avá Guarani Paranaense, harán llegar hoy una nota al mandatario Santiago Peña y al director general de Itaipú, Justo Zacarías, reiterándoles el reclamo para la reparación de los daños que causó construcción de la represa. En Brasil, Itaipú dará US$ 41,3 millones para la compra de 3.000 ha para los pueblos originarios afectados por la hidroeléctrica.
Más de 5 mil personas de las comunidades de las Tierras Indígenas Tekoha Guasu Guavira y Tekoha Guasu Okay Jakutinga se beneficiarán del acuerdo que aprobaron el lunes último representantes de la Unión, de Itaipú Binacional y de los Pueblos Indígenas, que prevé la compra de emergencia de 3.000 hectáreas de tierras rurales, que distribuirán entre 31 comunidades indígenas, residentes en cinco municipios del oeste del Estado de Paraná, Brasil.
Indígenas de la comunidad 1° de Marzo, en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, denuncian problemas con la mensura de sus tierras y hectáreas colindantes por parte de autoridades del Indi y del Indert. Temen posible desalojo.
Posibles hechos punibles de explotación laboral, sexual y trata de niñas, niños y adolescentes indígenas fueron denunciados por el titular del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) ante la Fiscalía en Encarnación. El ministro expuso un esquema en el que se vulneran los derechos de los menores de edad de dos comunidades del departamento de Itapúa, señaladas en la denuncia.