El intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno(ANR-HC) mediante innumerables chicanas jurídicas pasará las fiestas de fin de año en la comodidad de su casa, pues evitó una vez más el inicio del juicio oral y público. El cartista está acusado por lesión de confianza y administración en provecho por que supuestamente pagó la primera cuota de su camioneta nueva con plata de los contribuyentes casadeños.
El intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR-HC), recusó al Tribunal de Sentencia Especializado en delitos económicos y logró suspender el inicio de su juicio oral. La defensa del intendente casadeño, conformada por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos y Víctor Dante Gulino, los mismos defensores que los senadores cartistas acusados Erico Galeano y Hernán David Rivas, argumentaron que ya no tienen confianza en el Tribunal, ya que dejaron participar a la prensa en la audiencia de revisión de medidas que se realizó el 2 de octubre pasado.
Los concejales colorados de Puerto Casado Claudio Martínez, Domingo Vera, Laura Díaz, Emilce Díaz, Saturnino Ferreira, María Ángela Domínguez, Virgilio Chamorro, Oscar Duré, Encarnación Ferreira y el edil Feliciano Cantero (FG) presentaron una nueva denuncia contra el intendente Hilario Adorno (ANR-HC) ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción. El documento tuvo entrada el 8 de octubre.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos ratificó la prohibición que pesa sobre el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR-HC), quien no puede acercarse a la sede de la municipalidad en un radio de 500 metros debido a un proceso judicial que soporta por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio.
Dos intendentes colorados cartistas y dos intendentes liberales no entregaron rendiciones de cuentas por el uso que dieron a los royalties que recibieron este primer semestre del año, dice la Contraloría General de la República (CGR). En tanto que tres jefes comunales lo hicieron de manera tardía.
Tres intendentes colorados no entregaron sus rediciones de cuentas del dinero que recibieron del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) durante este primer semestre. según la Contraloría General de la República (CGR). En tanto que 22 jefes comunales lo hicieron fuera del plazo establecido por ley, de acuerdo al último informe del ente de control.