La Sala Constitucional de la Corte hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por los españoles Guillermo Casado de Amezúa Lasso y Álvaro Lasso Génova, quienes fueron procesados junto a Rafael Augusto Filizzola Serra, por la compra de helicópteros para la Policía. Con esto, un Tribunal de Apelación deberá analizar el incidente formulado por la Fiscalía contra la resolución judicial que extinguía el proceso contra los extranjeros.
Las recusaciones promovidas por algunos imputados por la supuesta compra sobrefacturada de helicópteros solo pretenden dilatar el proceso. Así lo señala la Sala Penal de la Corte en la resolución mediante la cual rechazó la recusación promovida contra dos camaristas que conformaron la Corte para atender el pedido de apartamiento de la causa penal de dos miembros del Tribunal de Apelaciones, de cuatro fiscales y del propio fiscal general.
Rafael Filizzola sutilmente responsabilizó a los que le sucedieron en la administración del Ministerio del Interior, de las irregularidades que se indagan a nivel de fiscalía, en la compra de cuatro helicópteros para la Policía. En su declaración ante el fiscal José Dos Santos dijo que durante su administración no se causó ningun daño patrimonial al Estado.
Los cuestionados helicópteros de la Policía funcionan y las denuncias en contra de Carlos y Rafael Filizzola responden a “intereses”, dijo ayer el senador liberal Luis Alberto Wagner.
El ministro del Interior, Carmelo Caballero, informó ayer que dos de los cuatro helicópteros de la Policía se encuentran en condiciones de vuelo, certificados por la Dinac. Pero ello implicó el pago a una nueva empresa para que hiciera el mantenimiento que incumplió la firma contratada primero por Rafael Filizzola y luego pagada por Carlos Filizzola, en sus respectivas administraciones.