El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, responsabilizó a los gobernadores de que la alimentación del programa Hambre Cero alcance a todos los alumnos, a nivel país. Indicó que si hay “administración eficiente” de recursos, podrían ampliar la cobertura. De momento, el plan emblema del Gobierno será priorizado hasta el noveno grado.
La gobernación de Alto Paraguay, a cargo del cartista Arturo Méndez, aseguró que los niños de su departamento tendrán su alimentación desde el primer día del año lectivo, el próximo 24 de febrero. Esto debido a que en agosto del año pasado la institución firmó un contrato plurianual con la empresa a firma Grupo Altair S.A., cuyo presidente es Luis Mendoza por la suma de G. 46.584.872.280.
Doce gobernaciones están en pleno proceso licitatorio para la distribución de la alimentación escolar en el marco del programa Hambre Cero. En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social, que debe coordinar la distribución en Central y Presidente Hayes, realizó una reunión con las empresas que se encargarán de llevar las raciones en esos departamentos.
El presidente de la República, Santiago Peña, se jactó en redes sociales de “16 logros″ de su Gobierno a lo largo del 2024. Entre estos avances, destacó que se implementó el programa “Hambre Cero”, garantizando la alimentación de 435.000 niños. Pero el plan estuvo cargado de vicios en la distribución del almuerzo escolar. Los propios estudiantes denunciaron su exclusión y para este año se anuncian protestas, porque los secundarios quedaron fuera, salvo en áreas priorizadas.
Las clases bajo árboles por falta de aulas o espacios en riesgo de derrumbe fueron la nota nuevamente en las escuelas públicas durante el 2024. Los docentes también cuestionaron la falta de libros para el programa Ñe´ery y las falencias del primer año del plan Hambre Cero. Además, avanza un plan de educación sexual que fue criticado por falta de consenso, contenido machista y de sesgo religioso.
El autoritarismo cartista y la persecución con “garrote” a los enemigos del poder, en particular a las ONG y a ABC, marcaron la agenda del gobierno de Santiago Peña. Por defender a Horacio Cartes y a Tabesa, el Ejecutivo tensó las relaciones diplomáticas con Estados Unidos de América. El comando cartista ordenó la expulsión de la senadora opositora Kattya González mientras sus aliados cometían abusos de poder con total impunidad.