El exdirector de Gabinete de la Gobernación de Central Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra presentó apelación contra su condena a 10 años de cárcel, como instigador del desvío de G. 5.105.600.000 durante la gestión de Hugo Javier González al frente de la institución departamental. El sindicado como “cerebro del esquema delictivo” pide la nulidad del fallo de primera instancia y, en consecuencia, su absolución de la causa.
Entre varias causas en la que Ricardo Daniel Sasiaín Sosa fue denunciado, entre ellas, una de presunta falsificación de firmas, la afectada afirma que estas están paralizadas, ya que como el implicado es miembro suplente del Consejo de la Magistratura (CM), tiene a cargo decidir sobre los ascensos de los fiscales, en este caso, de la que investiga la causa que además está al límite de la fecha de prescripción.
Una mujer denunció la falsificación de su firma en documentos que fueron presentados en al menos tres instituciones públicas para la producción de cannabis medicinal. Apunta a que su hija y yerno supuestamente como los responsables, pues estaban detrás de la producción de cannabis medicinal a través de un consorcio con su empresa.
El propio intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, confirmó que utilizó bonos de la municipalidad para el pago de honorarios. A partir de esa confesión, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos analizó en qué marco penal podría enmarcarse esa acción.
La jueza Lourdes Peña admitió la querella de Luis Canillas contra el exsenador Juan Carlos “Cale” Galaverna por supuestamente insinuar a medios de comunicación que tuvo participación en el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos sostuvo que la restitución de los senadores investigados Erico Galeano (ANR-HC), Hernán Rivas (ANR-HC) y Rafael Filizzola (PDP) forma parte de la destrucción del sistema jurídico. Lamentó que la Cámara de Senadores esté integrada por parlamentarios que no piensan y no saben su rol en un poder del Estado.