Abogados, casas de cambios, inmobiliarias, bancos, todos sujetos obligados o bajo control de la Seprelad, financiaron el quincuagésimo pleno de Gafilat en nuestro país, según alardeó ayer la exfiscala Liliana Alcaraz. Esta última, que actualmente ocupa la presidencia pro tempore, arrastró al bochorno al organismo internacional que debe prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Alcaraz se niega a transparentar e informar sobre los financistas de la reunión, para conocer si tienen reportes de operaciones sospechosas o si han sido investigados.
Del 9 al 13 de diciembre se realiza en nuestro país la semana de Gafilat y el L Pleno de representantes de 18 países, donde se debaten sobre los avances y seguimiento a los países en el combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Aunque el contrabando se encuentra tipificado en Paraguay como delito de acción penal, se pone en tela de juicio su aplicabilidad debido a los vacíos penales que dificultan las investigaciones de lavado de dinero, advierten desde la organzación Pro Desarrollo Paraguay.
Santiago Peña recibió hoy a la autoridades de las instituciones encargadas de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Fuentes oficiales informaron que el encuentro fue con miras a la preparación para el informe de avances que presentará nuestro país antes de fin de año, como parte de la cuarta ronda de evaluaciones a Paraguay acordadas en 2022. En esa ocasión, nuestro país aprobó el examen antilavado de dinero con algunos pendientes, pero evitó caer nuevamente en la “lista gris”.
Hemos de profundizar respecto a las indudables “acciones” delictivas que congenian con el ecosistema del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ante la inédita referencia de los activos virtuales que representan un “valor” económico dentro del sistema financiero internacional. En atención a lo razonado, los parámetros investigativos se han perfeccionado en la información “digital” electrónica o documental, que ocupan un (singular) reto para la justicia penal, pues, la diversidad delictual como la cibercriminalidad requieren de la incorporación de material probatorio electrónico.
Santiago Peña evitó hablar de la lucha contra el lavado de dinero en su primer informe de gestión ante el Congreso Nacional. El mandatario no mencionó en su discurso la labor de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, exfiscal. Solo marginalmente, el informe escrito del Ejecutivo que entregó al Legislativo cita la firma de acuerdos de cooperación en el combate del flagelo.