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Ha levantado polémica, y hasta indignación, la recomendación del Fondo Monetario Internacional de elevar los impuestos para reducir el déficit fiscal. La reacción es comprensible y justificada, porque, contrariamente a lo que algunos afirman, los contribuyentes paraguayos hacen un gran esfuerzo tributario y no reciben a cambio una contraprestación mínimamente equivalente ni señales de que los recursos aportados son bien utilizados. Sin embargo, no es con el FMI con el que hay que enojarse, sino con los gobiernos y las mayorías parlamentarias que han venido incrementando incesantemente el gasto y el endeudamiento públicos y, en contrapartida, hace treinta años incumplen la promesa de reformar el Estado para introducir criterios estrictos de racionalidad, eficiencia y honestidad. La situación se ha vuelto insostenible y, si no se revierte de manera urgente, los ciudadanos tienen que saber que el peso indefectiblemente recaerá sobre sus espaldas.

Los principales candidatos que competirán en las próximas elecciones generales siguen eludiendo tomar postura sobre los grandes y más complicados temas nacionales, que demandarán de su parte decisiones difíciles y corajudas si es que en verdad pretenden gobernar con firmeza y responsabilidad para llevar al Paraguay a estadios superiores en su marcha al desarrollo. Probablemente creen que con tibias generalidades que no enojen a nadie, con discursos voluntaristas y expresiones de deseo, cuando no directamente con preocupantes promesas populistas e inviables, van a captar más votos. Pero eso no es otra cosa que más de lo mismo, es lo que han venido haciendo todos, independientemente de los colores. Si es eso todo lo que ofrecen, triste futuro le espera al país.

En los últimos cinco años, pese a la pandemia, se crearon 18.714 nuevos cargos públicos permanentes, según el anexo de personal del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, en contrapartida, por citar un ejemplo, el colegio Juana Pabla Carrillo de San Estanislao, donde anualmente se matriculan 70 alumnos, volverá a iniciar las clases bajo árboles porque ni el MEC ni ninguna otra instancia pública atienden el reclamo de poner en condiciones aulas en peligro de derrumbe, construidas hace más de veinte años y jamás sometidas a ningún tipo de mantenimiento. Esto dista de ser un hecho aislado o simplemente anecdótico. Al contrario, ilustra perfectamente la crítica situación actual del Estado paraguayo.

El proyecto de presupuesto 2023 fue aprobado este jueves por los diputados y a pesar de toda la advertencia sobre los aumentos que no tienen financiamiento, igual incrementaron salarios, bonificaciones y crearon más cargos, en un año eminentemente político por las próximas elecciones. Así dieron media sanción a un proyecto de presupuesto para el 2023, con la aprobación de un festival de subas salariales y más cargos.

Tras la remisión de la pandemia, los legisladores y los “servidores públicos” han reanudado con entusiasmo sus costosas excursiones para conocer el mundo a expensas de los contribuyentes. Si en 2020, los gastos de pasajes y viáticos llegaron a 3.090.691.560 guaraníes, en 2021 ascendieron a 22.560.589.215, y ¡este año ya se derrocharon 34.720.212.347! Al exceso del personal público, que absorbe el 74% de la recaudación tributaria, se suman el latrocinio y el malgasto en general en la administración pública. Se trata de una tomadura de pelo muy costosa para una población cada vez más alejada de la opulencia, la mayor parte sin poder hacer ni turismo interno.