La doctrina ha revelado directrices internacionales y de política criminal que centralizan su atención en un punto de unión entre el orden económico y el financiamiento del terrorismo. Es que toda modalidad ilícita que busca generar apariencia de legalidad a los activos, esto es ocultar o encubrir su verdadera naturaleza, para luego fomentar el financiamiento de organizaciones criminales, se determinan en un amparo de negocios financieros que acaban pervirtiendo el orden de un Estado de derecho.
Fuera de los informes oficiales que pintan únicamente un panorama ideal desde el Gobierno, legisladores opositores aprovecharon el poco tiempo que tuvieron con el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para describir aspecto negativos de nuestro país para luchar contra crímenes como el lavado de dinero y delitos conexos. Mencionaron, por ejemplo, el sometimiento de la Fiscalía a políticos, citaron casos emblemáticos y advirtieron sobre la influencia de Horacio Cartes sobre las instituciones.
Diputados cartistas y abdistas rechazaron y mandaron al archivo el proyecto de declaración que pretendía remitir al Ministerio Público y a la Secretaría de Prevención de Lavado y Bienes (Seprelad) el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) sobre el tráfico ilícito del tabaco en el 2012.
Las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se niegan sistemáticamente a reconocer que el negocio de la producción y venta del tabaco constituye un factor que puede propiciar el lavado de dinero y la comisión de crímenes financieros. El Grupo Internacional de Acción Financiera, del que forma parte el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), sostiene en un informe que este negocio mueve miles de millones de dólares en todo el mundo de forma ilícita. Esta organización está evaluando a Paraguay para decidir si incluirlo o no en una “lista gris” de países que no aplican correctamente los controles necesarios, algo que podría perjudicar gravemente al sector privado y a la credibilidad internacional de nuestro país.
Diego Marcet, director general de Asesoría Jurídica de la Seprelad, indicó esta mañana que aún no pudo leer el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional que señala el comercio ilegal de tabaco como una actividad de riesgo en relación al lavado de dinero. Sin embargo, indicó que es probable que haya sido elaborado con base en informes propios emitidos por el país. A pesar de ello, recalcó que las tabacaleras no necesitan ser sujetos obligados de control.
El próximo 11 de julio vence el plazo para celebrar asamblea extraordinaria para la reducción de capital, conforme a lo establecido por la Ley Nº 6399/2019, informó este miércoles la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (DGPEJyBF), dependiente del Ministerio de Hacienda.