El Instituto de Previsión Social (IPS) bajó el puntaje mínimo para las entidades financieras interesadas en “recibir” fondos de jubilaciones como Certificado de Depósito de Ahorro (CDA). Coincidentemente, este cambio se produjo cuando apenas asumió Jorge Brítez como presidente de la previsional. Tras las modificaciones en el reglamento, algunos bancos aparecen con un importante aumento de inversión por parte del IPS en CDA.
El Instituto de Previsión Social ya se encuentra analizando las implicancias de la ley promulgada para la creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, según confirmó Luis Cardozo, gerente de Administración y Finanzas del IPS. Asimismo, señaló que tienen una Comisión de Regulación que se encuentra abocada a esa tarea.
El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó ayer la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, cuya sanción se dio apenas el día anterior en Diputados. La supervisión a las cajas tendrá un plazo de adecuación de tres años, pero algunas disposiciones ya están vigentes.
Envalentonados en lo que va siendo una acostumbrada aplanadora cartista a la que nada le importa el bien común, sino solamente la petulancia y la ostentación del poder mal entendido, la Cámara de Diputados honró ayer su categoría de Cámara Baja, probablemente una de las más bajas en la historia democrática del Paraguay: en tiempo récord sus legisladores vomitaron al pueblo paraguayo una preocupante ley que afecta nada menos que a los trabajadores, en uno de los días más nefastos en la historia legislativa del país. El camino estuvo previamente asfaltado por la Cámara de Senadores, donde un amasijo de cartistas y paniaguados opositores consumaron el primer paso que alentó la segunda fase del operativo.
En una apresurada sesión extra, el Senado modificó algunos de los cuestionados artículos del polémico proyecto de Ley sobre supervisión de los fondos jubilatorios, cerrando en parte la “canilla” por donde se buscaba echar mano a los fondos del IPS, y también eliminaron la “inmunidad legal” a funcionarios de la superintendencia
El atropello perpetrado ayer por colorados cartistas y paniaguados opositores se parece dolorosamente a la pesadilla del marzo paraguayo del 2017, bajo el gobierno de Horacio Cartes. En ese entonces, contra viento y marea sepultaron el orden legal para intentar consumar la reelección presidencial. Pero un puñado de opositores y colorados no cartistas, junto con una ciudadanía movilizada, acabaron de un plumazo con las aspiraciones: el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana por parte de la policía fue el desgraciado punto final a lo que es un capítulo negro en la historia de la República del Paraguay. El atropello a la Constitución Nacional parece estar en el ADN del cartismo.