El actual presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (Cjppm) solicitó que el Ministerio Público impute a ex altas autoridades de la institución, funcionarios y terceros que supuestamente armaron un esquema para desfalcar la entidad jubilatoria.
Esta mañana, el gobernador de Central, Hugo Javier González, se presentó a una audiencia indagatoria en la Fiscalía de Delitos Económicos, junto al fiscal Rodrigo Estigarribia. El imputado político cartista se abstuvo de declarar, ya que siguen “juntando toda la documentación”, según refirió.
AREGUÁ. El fiscal Rodrigo Estigarribia imputó ayer al gobernador de Central, Hugo Javier González, cartista, y a otras 14 personas por lesión de confianza y otros hechos en el caso del uso de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000), del fondo de emergencia sanitaria por covid-19. El Ministerio Público confirmó las irregularidades e incluso citó varias obras fantasmas que aparecen como pagadas con dicho fondo, cuando en realidad fueron hechas antes del desembolso.
AREGUÁ. La Contraloría General de la República (CGR) debió notificar máximo el 30 de setiembre al gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, sobre los hallazgos de la auditoría hecha sobre la transferencia de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales de 2020), a ONG´s, que el Ejecutivo otorgó a la institución para la reactivación de la económica en el XI Departamento durante la pandemia de Covid-19. Hasta la fecha no se tienen novedades.
AREGUÁ. La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) solicitó informes a la Contraloría General de la República (CGR) sobre rendiciones de cuentas de todas las fundaciones que estaría vinculadas con la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y la Gobernación del Departamento Central, administrada por el cartista Hugo Javier González. El pedido es en el marco de la investigación sobre el uso de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales de 2020).
CIUDAD DEL ESTE. La fiscala general Sandra Quiñónez Astigarraga amplió los poderes del cuestionado fiscal Adjunto Humberto Rosetti Miranda, quien fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito a raíz de su asombrosa prosperidad económica. De vivir en una casa alquilada, Rosetti Miranda pasó a residir en una mansión ubicada en el lujoso barrio Paraná Country Club de Hernandarias.