“Esto lo venimos diciendo hace 9 años (sobre Horacio Cartes), celebro que EEUU haya tomado nuestra denuncia”, diputada Celeste Amarilla.
El oficialismo colorado cerró ayer filas para impulsar el juicio político a la fiscala general, Sandra Quiñónez, quien es acusada de dar impunidad a Horacio Cartes y sus aliados en casos de corrupción, contrabando y lavado de dinero así como de perseguir a sus críticos. Hay respaldo de la oposición, sin embargo, el sector que responde al senador liberal Blas Llano puede dar impunidad.
La organización denominada Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) y otras de la sociedad civil realizaron este miércoles una manifestación frente a la sede de la Fiscalía General para exigir una vez más la renuncia de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, como lo vienen haciendo desde hace más de dos años.
El Frente Unido, conformado por gremios organizados (sindicatos y asociaciones) de funcionarios del Ministerio Público, emitió un comunicado para dar su “apoyo ante el constante hostigamiento y persecución pública sistemática al que intentan someter no solo a la gestión de la fiscala general del Estado, Dra. Sandra Quiñónez”, al que agrega que hay motivaciones con “intenciones particulares y de trasfondos ajenos al rol social y que intentan socavar la independencia institucional”, refiere el comunicado que rechaza asimismo los cuestionamientos a éste órgano del Estado.
Estudiantes presentaron ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. La responsabilizan de atentar contra el derecho a la protesta y de la orden de detención de estudiantes tras los daños y el incendio ocurrido en sede de la ANR el 17 de marzo, durante las protestas contra el gobierno de Mario Abdo Benítez. Afirman que esa disposición es “ilegal y arbitraria”.
El Frente de Partidos de la Oposición presentó un modelo de libelo acusatorio contra la fiscal general del estado, Sandra Quiñonez por mal desempeño en sus funciones en distintos casos, entre los que figuran la imputación al presidente del PLRA y jóvenes de ese partido, las compras fraudulentas en el ministerio de Salud, además de lo ocurrido en Yby Yau con la muerte de dos niñas en un operativo de la FTC.