ACAHAY. Una comitiva fiscal-policial allanó la sede municipal de Acahay y se incautó de una computadora y de un equipo de circuito cerrado, conforme a un mandamiento firmado por el juez Hilario Bustos. El procedimiento se realizó en relación con una denuncia por supuesto abuso sexual, acoso y coacción grave, presentada por una exfuncionaria municipal. El caso involucra al intendente Aldo Eustacio Lezcano (Alianza), a uno de sus hijos y al administrador municipal.
El proyecto de ley de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, o Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, es una reforma de actualización de la regla fiscal vigente que define la hoja de ruta de consolidación de la disciplina fiscal pospandemia, priorizando el gasto en inversión pública e incorporando un límite a la deuda pública.
CARAPEGUÁ. La fiscal de la Unidad N°2, María Unger, labró acta de entrega de un camión cisterna que ayer fue incautado en un procedimiento policial en el tramo Carapeguá - Nueva Italia. La retención del vehículo se llevó a cabo durante un control policial porque el conductor no presentó la documentación de la carga, según el reporte policial.
La jueza de San Lorenzo, María Elena Cañete Acosta, concedió arresto domiciliario al expolicía Édgar Clementino Aguilera Amarilla, de 40 años, y a su supuesto cómplice, Rolando Fabián Rotela Riveros, de 32 años. En tanto que la mamá del expolicía, Ramona Rosalía Amarilla Dyck, de 60 años, será remitida a la cárcel del Buen Pastor.
PARAGUARÍ. El agente fiscal Eladio Cohene, interino, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de la Unidad fiscal local, encabezó el allanamiento en el casco urbano de este distrito, en busca de evidencias sobre tenencia y comercialización de estupefacientes. Durante el procedimiento fue detenida una mujer y del poder de la misma se incautaron de evidencias.
YAGUARÓN. El Tribunal de Sentencia de Paraguarí, encontró culpable a seis personas todos ellos de este distrito, quienes estuvieron involucradas en el hecho de robo agravado con resultado de muerte de un hombre de 77 años en la compañía Peguahó. Por la reprochabilidad de la conducta de cada uno de los involucrados se dictó condena de entre 15 a 30 años de cárcel.