La Cámara de Senadores postergó para después de las elecciones el tratamiento del proyecto de ley que equipara los haberes jubilatorios de los funcionarios retirados con los sueldos de los funcionarios activos, cuando perfectamente se sabe que lo único sensato que se puede hacer al respecto es rechazarlo de una vez por todas. Es increíble que persistan en algo que no solo es a todas luces inviable y que conlleva implícito un riesgo real de licuar las finanzas estatales, empezando por los propios aportes de los 225.000 cotizantes de la Caja Fiscal, sino que va absolutamente a contramano con las urgentes reformas que requiere la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, y en general todo sistema de seguridad social del país.