El engorroso proceso burocrático que deben pasar los adultos mayores para demostrar que están vivos y así poder seguir cobrando sus haberes jubilatorios es un debate que se debe instalar. En la Cámara de Diputados, recientemente, se presentó un proyecto de ley que busca eliminar la “Fe de vida”, esa humillante exigencia a la que es sometido cada tres meses los adultos mayores.
Una de las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) sostuvo que la intención con la reciente resolución sobre la fe de vida y ante las quejas masivas, es evitar caer en errores. Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del ente, enfatizó que se pretende potenciar los sistemas tecnológicos para la comprobación de la sobrevivencia de jubilados y pensionados.
Autoridades del IPS le mostraron al presidente las cifras del primer año de gestión. Particularmente sobre la exigencia de “fe de vida”, reconocieron que hubo errores, pero que fueron subsanados. Hablan de perjuicios millonarios en pagos irregulares a jubilados y pensionados fallecidos.
Diputados de varias bancadas cuestionaron duramente la resolución del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) que exige a los jubilados a presentar cada 90 días un certificado de “fe de vida”. Si bien fue suspendida temporalmente, la medida somete a una innecesaria humillación a los adultos mayores, lamentaron.
Con su habitual forma de protesta, el diputado Raúl Benítez se presentó esta mañana con la caja de las “ideas estúpidas” del gobierno de Santiago Peña, para reclamar, entre otras cosas, el requisito de “fe de vida” presencial para jubilados y pensionados del IPS.
Desde la Dirección de Administración de Jubilaciones del IPS resaltaron que buscan que el Consejo de Administración de la previsional consolide el uso de la tecnología como medida principal para la validación de la fe de vida. Agregaron que la medida más conveniente para los beneficiarios es que la institución realice la comprobación de sobrevivencia a través del cruce de datos del sistema interno y de otros entes del Estado.