La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) anunció este jueves la suspensión temporal de un complejo de pádel de Asunción que es bastante concurrido. Esto se dio luego de una denuncia ante la supuesta falta de emisión de comprobantes legales.
A diferencia de una persona física o jurídica del sector privado, a la que la ANDE le corta la energía eléctrica si incurre en tres meses de mora, un ente público puede seguir consumiéndola, por tiempo indefinido, aunque no esté al día con el pago de sus facturas. Conste que la ley le prohíbe seguir prestando el servicio a los entes estatales sin el pago de las facturas mensuales, es decir, le obliga a desconectar el servicio, de acuerdo con el procedimiento de corte aplicable a todos los clientes. La atinada disposición es letra muerta, de modo que las entidades públicas siguen funcionando sin pagar el consumo de energía eléctrica, pese a que los fondos necesarios son asignados cada año en el Presupuesto General de la Nación.
El último día hábil antes del inicio del juicio oral y público que debe enfrentar Efraín Alegre por el caso de las supuestas facturas fraguadas, la Sala Constitucional de la Corte solicitó el expediente principal, con lo que se frustrará el inicio de la audiencia.
Pedro Ovelar, abogado de la firma Tabacalera del Este Sociedad Anónima (Tabesa), volvió a criticar el informe de la Dirección Nacional de Aduana (DNA) sobre las inconsistencias detectadas en las facturas sobre la exportación que se hizo con el avión iraní. Indicó vía Twitter que pone a disposición todas las documentaciones y acusa al ente estatal de ser instrumentada para dañar la imagen de la empresa perteneciente al expresidente Horacio Cartes.
El Dr. Pedro Ovelar, abogado de Tabesa, afirmó que las inconsistencias en los documentos de la tabacalera son irrelevantes. Intentó justificar las irregularidades en las facturas diciendo que hubo un error en las mismas y que la que se utilizó en Aruba era una factura anulada.
La Dirección Nacional de Aduanas, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero dieron a conocer unas sospechosas inconsistencias en las facturas presentadas por Tabacalera del Este SA en el marco de la operación de compra-venta de los cigarrillos que habían sido transportados por el avión venezolano-iraní con presuntos vínculos terroristas.