La Coordinadora de Comisiones Vecinales advierte que Fepasa ni siquiera está dimensionando la inversión requerida para liberar la casi inexistente franja de dominio, para la implementación del tren de cercanías. Esto se suma a que el ente evadirá numerosos controles, pues queda excluido de las leyes de Contrataciones Públicas, de Concesiones, de APP y de Administración Financiera.
La Cámara de Diputados acordó como medida tras el escándalo con casos de expropiaciones y desafectaciones, que ningún proyecto que afecte a tierras estatales será tratado de ahora en más sin el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, según informó ayer el presidente de la Cámara, Raúl Latorre (ANR, HC).
Los impulsores del proyecto que despoja de sus tierras al Ministerio de Defensa, para favorecer a presuntos invasores VIP, deben ser procesados penalmente. Según señaló la senadora Celeste Amarilla, tanto Edwin Reimer como Basilio “Bachi” Núñez, intentaron estafar al Estado Paraguayo haciendo pasar a los beneficiarios como simples agricultores.
La Cámara de Diputados aprobó ayer cinco pedidos de expropiaciones y uno de desafectación de terrenos públicos, en su mayoría en favor de potenciales feudos electorales. De hecho, la diputada Blanca Vargas (ANR, HC) dijo no tener reparo en ser catalogada la “reina de los asentamientos” y trató de sacar rédito político en favor del Partido Colorado.
La deuda por tierras “adquiridas” por expropiación por parte del Indert y los entres que le precedieron se estima en unos G. 700.000 millones y en el caso de que a partir de ahora se comience a pagar, el ente podrá complir con todos sus compromisos recién en un plazo de 35 años, según datos de la institución. Eso, considerando su presupuesto anual de G. 20.000 millones para ese rubro y si no se hiciesen nuevas adquisiciones.
Las obras de la segunda etapa de la Costanera Norte se ven afectadas por un retraso en cuestiones administrativas vinculadas a la expropiación de los terrenos por los cuales deberán pasar desagües y también colocar uno de los pilares del puente de Artigas. Representantes del consorcio adjudicado explican que la pandemia retrasó los trámites y esta situación les ocasiona daños económicos y retrasos en los trabajos.