Un total de 1.680 inmuebles serán afectados por las obras de mejoramiento y duplicación de la ruta PY01, desde Cuatro Mojones hasta Quiindy, que el MOPC pretende ejecutar a través de la Ley N° 5.102/14, de Alianza Público-Privada (APP). Solo en expropiaciones la institución gastará casi US$ 60 millones, de acuerdo con los datos oficiales.
La Cámara de Diputados aprobó ayer cinco pedidos de expropiaciones y uno de desafectación de terrenos públicos, en su mayoría en favor de potenciales feudos electorales. De hecho, la diputada Blanca Vargas (ANR, HC) dijo no tener reparo en ser catalogada la “reina de los asentamientos” y trató de sacar rédito político en favor del Partido Colorado.
La deuda por tierras “adquiridas” por expropiación por parte del Indert y los entres que le precedieron se estima en unos G. 700.000 millones y en el caso de que a partir de ahora se comience a pagar, el ente podrá complir con todos sus compromisos recién en un plazo de 35 años, según datos de la institución. Eso, considerando su presupuesto anual de G. 20.000 millones para ese rubro y si no se hiciesen nuevas adquisiciones.
Las obras de la segunda etapa de la Costanera Norte se ven afectadas por un retraso en cuestiones administrativas vinculadas a la expropiación de los terrenos por los cuales deberán pasar desagües y también colocar uno de los pilares del puente de Artigas. Representantes del consorcio adjudicado explican que la pandemia retrasó los trámites y esta situación les ocasiona daños económicos y retrasos en los trabajos.
A través de una ley de expropiaciones, que ya fue sancionada por el Congreso y está para la promulgación del Ejecutivo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció el avance de 66 proyectos de infraestructura ejecutados por la cartera.
La Cámara de Senadores aprobó ayer expropiaciones de terrenos sin tener en cuenta la ley que las prohíbe en caso de que las comunidades no lleven asentadas más de cinco años.