El arbitraje internacional, solicitado por el Estado en contra de los que administraron Acepar, vuelve a tomar su curso después de varios años. Los mismos no cumplieron con las obligaciones que tenían y ante este incumplimiento, se exige que las acciones vuelvan al Estado paraguayo.
El procurador General de la República, Marco Aurelio González, explicó los motivos por los que se rechazó la demanda de la Asociación de los Excombatientes del 2 y 3 de febrero de 1989 contra el Estado paraguayo. El monto que reclamaban los miembros de la asociación ascendía a G. 291.335.166.000, unos US$ 40.463.217 que sería distribuido entre 900 asociados.
El juez en lo civil y comercial José Guillermo Trovato rechazó una demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por la Asociación de Ex Combatientes del 2 y 3 de Febrero de 1989 contra el Estado paraguayo. El monto reclamado era de G. 291.335.166.000, equivalentes a US$ 40.463.217,5, a ser dividido entre más de 900 asociados.
Reinaldo “Cucho” Cabaña Santacruz, acusado por narcotráfico y otros delitos, presentó una denuncia contra el Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta violación de sus derechos. En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia rechazó un habeas corpus a su favor, tras precisar que no se ha cumplido aún el plazo máximo de duración de la prisión.
El arbitraje internacional entre la empresa Mota Engil y el Estado paraguayo, por el caso de fracasado metrobús, sigue su curso bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), también denominada Uncitral, por sus siglas en inglés.
El procurador general del Estado Rodolfo Barrios, presentó una acción de inconstitucionalidad contra sentencias de primera y segunda instancias que obligan al Estado paraguayo a pagar US$ 39 millones, en un juicio iniciado por el Dr. Joel Filártiga. Afirma que ambas sentencias son arbitrarias.