Un sector de los empresarios del transporte público de pasajeros amenaza a los usuarios y al Gobierno con dejar sin el servicio por estar a punto de colapsar o quebrar, excepto que se les pague el subsidio que les adeuda el Estado.
Asunción y el Departamento Central acumulan el 16% de los casos de sicariato registrados en los primeros cuatro meses de este año. El área de influencia del crimen organizado cada vez es mayor y la única alternativa sería la depuración del Estado, señala especialista.
En el segundo trimestre del año pasado, el sector público empleaba a 324.229 personas; en el segundo de este año, ya eran 411.588, de las cuales 66.388 habían sido incorporadas en los últimos tres meses, lapso en que el sector privado creó 26.806 puestos de trabajo. Estos datos del Instituto Nacional de Estadística revelan un alarmante crecimiento del personal público, seguramente estimulado por el calendario electoral. Si el Estado destina alrededor del 70% de los ingresos tributarios a los “servicios personales”, en detrimento de las inversiones de capital, el despropósito se irá agravando con la entrada de nuevos funcionarios y contratados.
Una vez más, los incendios en la Chacarita demostraron la necesidad de mejorar los sistemas de prevención de siniestros y el ordenamiento territorial en Asunción. Alejandro Buzó, director de Prevención de Incendios de la Municipalidad local, admitió que hay mucho desorden en el crecimiento, pero indicó que es necesario que el Estado se haga cargo de la problemática, con legislaciones nuevas y también trabajando en la prevención y los equipos, pues hoy toda la responsabilidad recae sobre los bomberos voluntarios.
El presidente Mario Abdo Benítez promulgó la Ley que elimina del cupo de combustibles para las autoridades de los tres poderes del Estado. Esto significa que las gobernaciones y municipalidades mantendrán sus beneficios. La normativa se impulsó a causa de la suba del precio del combustible en reiteradas veces en los últimos meses. Exceptúa a servicios de salud, educación, seguridad y banca estatal.
La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) espera que con el cambio de autoridades de las comisiones del Congreso, los parlamentarios aprueben los créditos que serán destinados a pagos a contratistas de obras públicas. La deuda asciende a US$ 380 millones.