El juicio oral y público al senador colorado cartista Erico Galeano ya tiene asignado un Tribunal de Sentencia desde ayer. El legislador está acusado por supuestos lavado de dinero y asociación criminal, como derivación del megaoperativo contra el narcotráfico A Ultranza Py.
En su primer año de gestión, el presidente Santiago Peña se caracterizó por defender a senadores cartistas procesados y avalar el copamiento de este sector. Defendió a Erico Galeano y a Hernán Rivas, pero justificó la expulsión de Kattya González y el escándalo de los nepobabies. Tras prometer transparencia, vetó proyectos de ley sancionados que buscaban mejor control y en consecuencia convirtió a la Contraloría en un “florero”.
A lo largo de su primer año de gobierno, Santiago Peña defendió seguidamente al cartismo y a sus miembros, pese a grandes cuestionamientos o incluso procesos judiciales que pesaban contra de ellos. Sobre hechos punibles, nepotismo o atropellos de la mayoría oficialista fue abordado en reiteradas ocasiones, pero solo habló cuando le fue conveniente, ya que en caso contrario, optó por pasar la pelota hacia otros poderes del Estado.
El Ministerio Público (MP) solicitó a la Cámara de Apelación que confirme la decisión del juez penal de Garantías, Osmar Legal, que elevó a juicio oral y público la causa que se le sigue al senador colorado cartista Erico Galeano, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. Es en el proceso derivado del megaoperativo contra el narcotráfico A Ultranza Py.
El senador Erico Galeano se refirió a la ratificación de las sanciones a Tabacalera del Este SA (Tabesa) por parte del Gobierno de los Estados Unidos y, a criterio del cartista, esto corresponde a un “manotazo de ahogado de la Embajada”. Incluso, mencionó que esto no sería motivo de preocupación para su líder, el expresidente Horacio Cartes.
Los representantes legales del senador Erico Galeano presentaron un pedido de sobreseimiento definitivo y la revocación de la resolución que eleva su causa sobre el supuesto hecho punible de lavado de dinero y asociación criminal a juicio oral y público.