Editorial

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional (PN) distinguieron con un diploma de “reconocimiento” al comisario general (R) Hermes García Balmaceda, exdirector administrativo de la PN, expresidente de la Cooperativa 8 de Marzo y exconvicto de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, con una condena firme y ejecutoriada de nueve años de cárcel por lesión de confianza contra la propia institución policial, y con otra de doce años por enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. Este lamentable hecho se produce mientras el país se ve jaqueado por la delincuencia, emitiéndose un pésimo mensaje para aquellos policías que procuran mantenerse honestos y servir a la sociedad.

Supimos que íbamos de mal en peor desde que Santiago Peña pronunció el lamentable discurso en el cual dejaba en claro que no importa el esfuerzo que realicen los jóvenes por sumar méritos en su hoja de vida, no importa la experiencia que tengan los médicos en la labor que realizan, no importa la trayectoria que tenga un profesional cualquiera sea su disciplina; siempre serán considerados “guapitos”, y por “guapitos” nadie consigue empleo dentro del Estado sino únicamente agitando el pañuelo colorado. Y fue allí donde tomó sentido que el propio Peña haya renunciado a sus bases liberales, a su partido de tradición familiar para enrolarse en el padrón de los colorados y así llegar al poder. Con esto demostraba que no importan los ideales, las convicciones, el esfuerzo, la meritocracia, incluso la formación superior que él mismo recibió en las mejores aulas extranjeras, lo que importa es saber con quién estar bien para estar protegido.

Por lo que se sabe, en los últimos ocho años y presumiblemente a cambio de un soborno adecuado, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional (DIPN) –socavando la seguridad interna y la de otros países– entregó documentos de contenido falso al prófugo “paraguayo” Íbar Pérez Corradi, al exfutbolista “compatriota” Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) y a un hermano suyo, así como a al menos otros diez extranjeros, favorecidos por la intervención de unos veinte funcionarios policiales. La institución ha venido sufriendo graves y reiterados retrasos en la expedición de pasaportes y de cédulas de identidad a compatriotas en general debido a fallas técnicas. Teniendo en cuenta que estos problemas se han venido repitiendo, puede decirse que al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional les importa un bledo el DIPN.

El 6 de diciembre se anunció con bombos y platillos en Montevideo el “fin de las negociaciones” del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Cualquier desprevenido se podría unir a la algarabía si no supiera que este mismo anuncio se hizo ya varias veces en una negociación que lleva más de 25 años, y si se dejara engañar por los falsos motivos que se esgrimen para explicar su eterna postergación. Por mucho que lo quieran maquillar, el verdadero telón de fondo es que el sector agropecuario europeo no puede competir con el nuestro, ni siquiera con todas las cláusulas ambientales que quieran incluir, que no son más que cínicas excusas. Este acuerdo probablemente nunca será ratificado y, si lo es, jamás será cumplido. Por el momento, para lo único que sirve la Declaración Conjunta de Montevideo es para tirarle un salvavidas político al moribundo Mercosur y para darle un poco de nuevo oxígeno a unas tratativas interminables.

De “golpe significativo a los esfuerzos estadounidenses para frenar el crimen organizado en Paraguay” calificó el Washington Post a la decisión del Gobierno de Santiago Peña de terminar la cooperación antidrogas de EE.UU. con la Senad de nuestro país. Su titular fue implacable: “Un país de importante tránsito de cocaína detiene la cooperación antidrogas de EE.UU.”. Según describía el Post, el fin de la cooperación de la DEA, la agencia antidrogas de ese país, pone en riesgo las operaciones contra el capo narco Sebastián Marset y sus vinculaciones colaterales, como las del senador colorado cartista Erico Galeano (socio comercial de Horacio Cartes). La desprolijidad con la que justificaron una decisión tan clave para nuestra política de seguridad nacional y contra el crimen organizado fue escandalosa. Se puede pensar que quien dio las órdenes en este caso tiene más fuerza que un país entero.