dinero público

El presidente Santiago Peña lanzó esta semana un furibundo discurso ante autoridades y seccionaleros de Caaguazú en el que demostró que una de las cosas que más le molestan es que la prensa haga su trabajo, transmitiendo lo que ocurre en un ambiente político cada vez más prostituido y corrupto. Primero trata de agradar a toda la clase política y ponerla bajo la tutela de su paupérrimo liderazgo: “Quieren que nos peleemos, aquellos que no participan de los procesos electorales, los medios de comunicación principalmente, que lo único que hacen es denostar contra la clase política”.

Supuestamente era intención de este gobierno racionalizar la organización y el funcionamiento del Estado para mejorar el uso del dinero de los contribuyentes y el servicio estatal a la ciudadanía. En ese orden, dos semanas antes de asumir y con su expreso consentimiento, el 31 de julio de 2023 se presentó al Congreso un proyecto de ley para permitir a las nuevas autoridades avanzar en fusiones y reestructuraciones con el fin de subsanar costosas e ineficientes superposiciones en la administración pública. La Cámara de Senadores, con amplia mayoría oficialista, acaba de otorgarle media sanción a ese proyecto, pero desnaturalizándolo completamente. La versión original del proyecto de ley “Que regula la organización administrativa del Estado” establece un “mandato especial” para el Poder Ejecutivo de analizar en una primera fase la potencial fusión o subrogación de funciones de instituciones públicas en diez casos específicos.

La escuela San Miguel de Fuerte Olimpo donde acuden niños provenientes de familias de escasos recursos económicos presenta renovada imagen mediante trabajos de refacción de las aulas, que tienen sistema de climatización para mitigar el intenso calor del Chaco. Los trabajos fueron encarados por la Gobernación y el monto de la inversión no supera los G. 300 millones. El gobernador Arturo Méndez (colorado cartista), dijo que el dinero público alcanza cuando se usa con honestidad.

En la edición anterior se había presentado un análisis sobre el costo económico de la corrupción, con un desglose de la planilla salarial en Diputados y Senadores, así como la evolución e incidencia presupuestaria.

Los datos oficiales revelan que en los últimos 10 años se incluyeron 26.536 cargos más en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De 209.434 cargos registrados en 2014, al cierre del 2023 la cantidad se ubicó en 235.970. Al desagregar se observa que en el Ejecutivo se incrementaron 21.700 cargos; en el Legislativo, 766, y en el Judicial se crearon 4.070 nuevos puestos en el lapso citado. También el comportamiento de la estructura salarial de la Cámara de Diputados y de Senadores estuvo marcado por una fuerte y sostenida suba a lo largo de los periodos presidenciales.