dinero público

Fue el internismo colorado el que permitió que la práctica saliera a la luz.

Un hecho llamativo e inédito se registró en la Junta Departamental de Itapúa la semana pasada, cuando un concejal, Oscar Flecha (independiente), renunció en forma expresa y por escrito a recibir los “bocaditos” que están disponibles para los representantes departamentales durante las jornadas de sesión. La determinación fue tomada con sorna por algunos de sus colegas, otros la calificaron de una idiotez populista y ridícula.

Los 125 legisladores paraguayos tienen nada menos que 2.971 funcionarios a su disposición, considerando a quienes prestan servicios –es un decir– en las Cámaras de Senadores y de Diputados, y otros que figuran en el mismo Congreso de la Nación. Prorrateando esa enorme cantidad, puede decirse que por cada legislador hay cerca de 24 presupuestívoros. De hecho, no está probado que esta multitud haga más eficientes a nuestros parlamentarios, pese a lo cual, según el proyecto de Presupuesto enviado recientemente al Congreso, el “Plato Volador”, como se conoce popularmente al Palacio Legislativo, acogería en el 2025 a otros 97 asalariados con el dinero de los contribuyentes, mayormente amigos, parientes y correligionarios, si se sigue la tradición. Está por resolverse, además, un concurso para incorporar en este mismo periodo a 50 nuevos funcionarios. El presupuesto actual del Congreso ya se eleva a 614.000 millones de guaraníes.

El presidente Santiago Peña lanzó esta semana un furibundo discurso ante autoridades y seccionaleros de Caaguazú en el que demostró que una de las cosas que más le molestan es que la prensa haga su trabajo, transmitiendo lo que ocurre en un ambiente político cada vez más prostituido y corrupto. Primero trata de agradar a toda la clase política y ponerla bajo la tutela de su paupérrimo liderazgo: “Quieren que nos peleemos, aquellos que no participan de los procesos electorales, los medios de comunicación principalmente, que lo único que hacen es denostar contra la clase política”.

Supuestamente era intención de este gobierno racionalizar la organización y el funcionamiento del Estado para mejorar el uso del dinero de los contribuyentes y el servicio estatal a la ciudadanía. En ese orden, dos semanas antes de asumir y con su expreso consentimiento, el 31 de julio de 2023 se presentó al Congreso un proyecto de ley para permitir a las nuevas autoridades avanzar en fusiones y reestructuraciones con el fin de subsanar costosas e ineficientes superposiciones en la administración pública. La Cámara de Senadores, con amplia mayoría oficialista, acaba de otorgarle media sanción a ese proyecto, pero desnaturalizándolo completamente. La versión original del proyecto de ley “Que regula la organización administrativa del Estado” establece un “mandato especial” para el Poder Ejecutivo de analizar en una primera fase la potencial fusión o subrogación de funciones de instituciones públicas en diez casos específicos.