Desde la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) instaron al Gobierno a completar el pago de deuda que quedó en concepto de intereses, unos US$ 100 millones, ya que de esta regularización depende la sobrevivencia de muchas empresas.
TOMAS ROMERO PEREIRA, Itapúa. Una comerciante de este distrito, Virginia Zarza de Sanabria, propietaria de la ferretería El Agricultor, denunció que la Municipalidad local no paga una deuda cercana a los G. 300 millones por diversos productos y materiales adquiridos entre los años 2021 y 2023. “Agotamos todas las vías administrativas posibles, pero el intendente Hernán Rivas (ANR) se esconde de nosotros”, reclamó.
A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Asunción dio a conocer los nombres y el total de la deuda de quienes consideran son los “cinco mayores deudores del municipio”. Y, mientras tanto, Óscar “Nenecho” Rodríguez sigue sin responder sobre el destino de los G. 500.000 millones en bonos.
Cuando se aprobó la llamada “ley de bicicleteo” del IPS a fines de 2022, que le autorizó al Fondo de Salud a tomar préstamos para ponerse al día con sus proveedores y normalizar el flujo de medicamentos, se hablaba de una deuda vencida de 230 millones de dólares. Dos años después, la provisión de medicamentos sigue tan carente como siempre, pero ahora, junto con otros saldos, se habla de una deuda vencida de 900 millones de dólares. Decimos “se hablaba” y “se habla” porque, justamente, uno de los gravísimos problemas es la falta de transparencia. No se sabía a ciencia cierta entonces y no se sabe ahora cuánto se debe, a quién se le debe, en qué concepto. Todo entra dentro de un enorme agujero negro con un espacio demasiado amplio para la discrecionalidad y, por ende, la corrupción.
El Instituto de Previsión Social (IPS) abonará alrededor de G. 24.815 millones (casi US$ 3,4 millones al cambio actual) en concepto de comisiones a bancos por operaciones de cesión de deudas pendientes con proveedoras. El IPS pagará hasta un tope de 3,5% de interés en esta modalidad de “bicicleteo”.
La CGR reveló en un informe de fiscalización especial, que el MOPC incurrió en una distorsión de la realidad de los estados financieros de la cartera ministerial, al no registrar en su pasivo la deuda de US$ 336 millones que tenía con las contratistas. También halló irregularidades en la cesión de derechos de cobro por certificados de obras a entidades bancarias.