La Cámara de Diputados aceptó por unanimidad el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley que buscaba despenalizar las omisiones dolosas en las declaraciones juradas (DD.JJ.) de bienes y rentas de los funcionarios públicos. Aunque la objeción debe terminar su circuito legislativo en el Senado, con el gesto de Diputados prácticamente queda vigente la herramienta de la Contraloría para denunciar supuesto enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía.
Para el Vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, si el Ministerio Público hiciera bien su trabajo, no habría sido necesario crear un proyecto de ley para penalizar los “olvidos” en las presentaciones de las Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos. Considera que si los empleados estatales buscan evitar ser procesados, el presidente Mario Abdo debería vetar la sanción del Congreso Nacional de despenalizar.
El exministro de Urbanismo y Hábitat, Dany Durand, sería otro de los beneficiados por la despenalización de las declaraciones juradas con contenido falso. El político colorado, denunciado por integrar un supuesto esquema de estafas a través de la desaparecida firma Mocipar, fue imputado por aparentemente mentir en su manifestación de bienes.
El Congreso sancionó una ley que desvirtúa la norma constitucional que obliga a quienes ejercen la función pública a prestar una declaración jurada de bienes y rentas tras asumir el cargo y otra luego de abandonarlo. Es obvio que deben ajustarse a la verdad, para que al cotejarlas sea posible constatar si el declarante cometió o no el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Si los errores u omisiones que contengan no fueran sancionados, las manifestaciones hechas bajo juramento serían meras formalidades, sin importancia alguna. Tal sería la consecuencia si quien cobra remuneraciones permanentes del Estado pudiera “efectuar en cualquier momento las rectificaciones que crea convenientes”.
En un vergonzoso acto de complicidad, este jueves nueve senadores votaron en contra de penalizar los “olvidos” en las declaraciones juradas de bienes. Así fue como se sancionó la versión de los cartistas, y se elimina la obligación de la Contraloría General de reportar a la Fiscalía el ocultamiento de bienes por parte de funcionarios públicos.
Los diputados nuevamente priorizaron sus intereses antes que definir el tratamiento del proyecto de ley que despenaliza las declaraciones juradas falsas y otros 15 puntos que figuraban en el orden del día de la sesión extraordinaria. Los oficialistas dejaron sin quorum la sesión que fue adelantada.