A casi un mes de haber sido aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores, su titular Óscar “Cachito” Salomón (ANR, FR), quien busca ser reelegido en el próximo periodo parlamentario, sigue sin remitir al Ministerio Público la denuncia penal contra la exfiscala general del Estado Sandra Quiñónez, a quien acusan por supuesto mal desempeño, prevaricato, obstrucción y complicidad en casos de lavado de dinero vinculado a Horacio Cartes que fueron denunciados por las Comisiones Bicamerales de Investigación del Congreso.
La Cámara de Senadores proseguirá este jueves el estudio en particular del proyecto de resolución que formula una denuncia penal contra la ex fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones en los delitos de prevaricato, obstrucción a la investigación penal, complicidad y otros. La semana pasada ya fue aprobado el proyecto en general.
El Senado aprobó hoy la resolución que dispone presentar una denuncia penal contra la exfiscala general del Estado Sandra Quiñónez por “congelar” casos vinculados a Cartes. El estudio, artículo por artículo, se postergó una semana.
La Cámara de Senadores tratará el jueves, en mociones sobre tablas, el proyecto de resolución por el cual formula una denuncia contra la ex fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, por cajonear causas ligadas principalmente al expresidente Horacio Cartes y Santiago Peña y a su entorno.
El presidente de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Senadores, Javier Zacarías Irún (ANR, oficialista), prometió que el martes, a las 10:00, la comisión se reunirá para tratar y dictaminar los proyectos de resoluciones contra los fiscales Sandra Quiñónez, Lorenzo Lezcano y Osmar Legal.
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) realizó este año una denuncia por lesión de confianza ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Es por designaciones de rubros de docente interino durante la administración de los ministros Enrique Riera y Raúl Aguilera. Sin embargo, según el propio director de Asesoría Jurídica del ministerio, Manuel Arce, “no hubo daño patrimonial”, o sea, el hecho punible denunciado, no existió.