democracia

Antes de la aprobación del proyecto de “ley garrote” en contra de las organizaciones sin fines de lucro, se escucharon discursos que quedaron para la historia, pero para la historia de la represión, la censura, el autoritarismo y el desconocimiento de las obligaciones del Estado. Aquí no se trata de “¿Por qué no quieren que se les controle?” sino de “¿Cuáles son las atribuciones legales, legítimas y necesarias para controlar?”. Debemos recordar que cuanto mayor sea la injerencia de la autoridad pública en el ámbito privado de las personas, más arbitraria es la conducta del Estado, y por lo tanto, más resquebrajada se encontrará la democracia. Queda claro que lo que se busca es combatir a aquellas organizaciones que pretendan luchar contra la corrupción, las que busquen transparentar la conducta de las autoridades, las que se manifiesten en contra del nepotismo, el clientelismo y otros actos de corrupción, las que luchen por la justicia social y recuerden al Gobierno que la obligación de garantizar derechos y libertades recae en quienes ejercen el poder estatal.

El senador Gustavo Leite, el que aparece como portavoz del mismísimo Horacio Cartes, el legislador que ha estado atropellando artículos constitucionales, violentando la ley, haciendo uso y abuso de las bravuconadas, confesó en la semana que termina –y por equivocación en un grupo de WhatsApp– que en realidad lo que se persigue es matar política y socialmente a todos aquellos hombres y mujeres que puedan estar trabajando para organizaciones no gubernamentales. Por lo que se está viendo, sobre todo a aquellos que pudieran ser críticos y duros de alinear al cartismo.

El fortalecimiento de la rendición de cuentas por parte de los políticos, un cambio de paradigma hacia el cuidado y la adaptación a las nuevas realidades sociales son algunos de los planteamientos centrales que expuso el filósofo colombiano Bernardo Toro, durante su reciente participación en el programa Plaza Pública DENDE.

Según el abogado Manuel Riera y el politólogo José Tomás Sánchez, la intención del Congreso de controlar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) podría abrir la puerta a “prácticas antidemocráticas”. Asimismo, también se apunta a la existencia de “vicios de inconstitucionalidad”.

La comisión garrote, que se hace llamar pomposamente Comisión Bicameral de Investigaciones, recibió en estos días una soberana y merecida paliza. Dos abogados, que conocen sus obligaciones ciudadanas, desnudaron con inteligencia y coraje la naturaleza perversa de la citada comisión.