En el marco del Operativo Capiatá 1, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) intervino un suministro con el NIS 3273821, registrado a nombre de Pedro Gamarra, correspondiente a la bodega “El Surtidor”, que mediante una supuesta manipulación interna del medidor le causaba a la empresa estatal una pérdida estimada de G. 36 millones.
La doctrina contemporánea motiva un reconocimiento analítico hacia el ámbito de la tutela de orden fiscal, ante los diversos fraudes tributarios, las grandes quiebras, y un derivado sistémico del alcance patrimonial público. En tal sentido, las disposiciones legales han proclamado una “armonización” del bien jurídico protegido (esencialmente) patrimonialista.
PRESIDENTE FRANCO. La Contraloría General de la República denunció ante el Ministerio Público un intento de millonario daño patrimonial en la Municipalidad franqueña, en una licitación de almuerzo escolar. La denuncia afecta al intendente Roque Godoy (PLRA), a la exintendente interina y actual concejal departamental Julia Ferreira (liberocartista), concejales, evaluadores y a la seccionalera María Fátima Sartorio Vanni, dueña de Fasv Import Export.
En el seguro, asegurado y asegurador pactan de común acuerdo un contrato donde las dos partes se obligan recíprocamente, una respecto de la otra. Los artículos 1546, 1570 y 1600 del Código Civil definen mejor este concepto al decir: “...Por el contrato de seguro el asegurador se obliga mediante una prima, a indemnizar el daño causado por un acontecimiento incierto, o a suministrar una prestación al producirse un evento relacionado con la vida humana...”, es decir, el asegurador se obliga a resarcir, de acuerdo al contrato celebrado, el daño patrimonial causado por el siniestro, en tanto el asegurado o tomador se obliga al pago de la prima. En estos escenarios encontramos obligaciones recíprocas, pero con intereses bien distintos.
CIUDAD DEL ESTE. La Contraloría General de la República detectó en una auditoría 16 irregularidades en el almuerzo escolar proveído por la Gobernación de Alto Paraná, durante la gestión de Roberto González Vaesken (ANR, cartista). El jefe departamental y tres secretarios están en la mira de la Fiscalía Anticorrupción por un perjuicio patrimonial de casi G. 700 millones a las arcas públicas.
CIUDAD DEL ESTE. La Contraloría General de la República detectó un perjuicio patrimonial de G. 688 millones en la Gobernación de Alto Paraná, a cargo de Roberto González Vaesken (ANR, cartista), a través de una presunta fraudulenta licitación del almuerzo escolar. El ente contralor remitió un reporte de indicios de hecho punible a la Fiscalía.