Entre los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística sobre la evolución del empleo en el primer trimestre resalta uno que, aunque conocido, reviste crucial importancia social y económica para el país pero que no recibe la debida atención de los responsables de elaborar e implementar las políticas públicas. El 62% de las personas ocupadas en áreas no agropecuarias se desempeñan en el sector informal, en el sentido de que no están inscriptas ni en el Registro Único de Contribuyentes ni en ningún sistema de seguridad social. Y a eso hay que agregar el trabajo rural, que compone un cuarto del total y donde el porcentaje es probablemente todavía mayor. Con este nivel de informalidad el desarrollo nacional es inviable.
En las últimas semanas, han circulado distintas imágenes en internet que muestran a personas robando artículos de tiendas a plena luz del día. Las grabaciones van acompañadas de mensajes que señalan que en California ahora se pueden vandalizar los establecimientos sin consecuencias, “tras la ley que despenaliza la práctica de robos en tiendas por un valor inferior a 400 dólares”.
El 45,9%, casi la mitad, de la actividad económica paraguaya de 2022 se realizó en el sector informal, según el estudio “Economía subterránea: algo tenemos que hacer”, de la organización civil ProDesarrollo, que monitorea el fenómeno desde el 2015. En términos monetarios, el estudio estima que el año pasado se movieron 22.019 millones de dólares en el mercado negro, una cifra exorbitante para el Paraguay, 50% superior a la totalidad del presupuesto público central y descentralizado, seis veces mayor que el total de las recaudaciones tributarias y aduaneras, el doble del valor de todas las exportaciones nacionales. En vez de disminuir, la informalidad creció en relación con el año anterior y prácticamente volvió a alcanzar el pico máximo del peor momento de la pandemia. Por muchos motivos, esta es una muy mala noticia para el país.
El secuestro del sudafricano Daniel Christiaan Bruewer Coetzee ocurrido en Independencia, Guairá, tuvo el peor final, con el hallazgo del cuerpo sin vida del mismo. Este tipo de crimen –independientemente de los que suelen ocurrir con fines político-ideológicos– no se ha venido produciendo desde hace décadas en nuestro país, por lo que puede pensarse que el espectro delictivo se está expandiendo de manera alarmante. En un Estado de derecho, el orden público no es incompatible con la libertad; la seguridad interna no es sinónimo de dictadura. Urge depurar la PN, para que sus miembros estén sujetos a los mandatos de la ley, de modo que no se les ocurra colaborar con el hampa. Y que los fiscales y jueces apliquen las normas legales en beneficio de los ciudadanos y no de los delincuentes.
MIAMI. Las víctimas de violencia sexual en Florida cuentan con una nueva herramienta en línea para saber con exactitud lo que pasa con las muestras genéticas tomadas como evidencia en el momento de la denuncia y la marcha del proceso de comparación en bancos de datos para dar con sus agresores.
Tras una serie de crímenes que mantuvieron en zozobra a la ciudadanía luqueña, la Comandancia de la Policía dispuso el cambió del jefe y subjefe de la comisaría 3ª, la principal de la ciudad. Igualmente, el jefe del departamento Investigaciones de Central fue relevado del cargo.