La Unesco mediante un informe alerta sobre el uso creciente de leyes financieras para silenciar a periodistas que investigan corrupción y crimen. Entre 2019 y 2023, más del 60% de las acusaciones contra periodistas por delitos económicos, como evasión fiscal y blanqueo de capitales, afectó a medios críticos en Asia, Europa del Este y América Latina.
Durante la peregrinación diocesana, unos 3000 jóvenes peregrinaron en la ciudad de Itá. Durante el encuentro religioso, los jóvenes pidieron oportunidades equitativas y el fin de la corrupción.
Los gravísimos y persistentes problemas del Instituto de Previsión Social (IPS) no se limitan a los administrativo-financieros, como los reflejados en las licitaciones públicas amañadas, en las cuantiosas deudas con las firmas farmacéuticas, en la angustiante falta de insumos, de medicamentos y de equipos o en la obtención de turnos para que los pacientes sean atendidos. Aparte de la tradicional corruptela y del derroche, también la ineptitud y la negligencia juegan un gran papel en la deplorable gestión sanitaria que afecta a diario a los asegurados, ante el ominoso silencio de sus representantes en el inoperante –por no decir cómplice– Consejo de Administración. En los últimos días se conocieron denuncias sobre un bebé al que una enfermera le inyectó leche en las venas, y sobre el mal estado de los alimentos servidos a los pacientes.
El fiscal Diego Arzamendia acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal antidrogas y exviceministro de Política Criminal, Hugo Volpe, y por soborno agravado al exfiscal antinarcóticos, Armando Cantero. La audiencia preliminar para resolver si los exfiscales afrontarán o no juicio oral y público en la causa conocida como “bolígrafos de Minotauro”, se postergó para el próximo mes de octubre.
Un informe oficial que señala a trece municipalidades de Alto Paraná por su falta de transparencia es un reflejo alarmante de la poca voluntad política de las autoridades para cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas.
El Ministerio Público (MP) se ratificó en su acusación por presunta lesión de confianza y otros hechos, que causaron un perjuicio de G. 18.300 millones a la Gobernación de Central, contra el exgobernador Hugo Javier González, y pide que la causa se eleve a juicio oral.