La INC está por adjudicar una licitación de “servicio de consultoría individual técnica en gerenciamiento de proyectos”, a la que se presentó solo el consultor colombiano Alexander González Pinzón, quien ya tuvo un gran protagonismo en la fallida inversión de US$ 80 millones provenientes de los bonos soberanos en la cementera estatal durante el Gobierno de Horacio Cartes.
La empresa Tecnoambiental, representada por Guillermo de Barros Barreto, hermano del ministro del MADES Rolando de Barros Barreto, fue el único oferente de la licitación de Petropar para la contratación de una consultoría de “diagnóstico” de sus plantas y servicentros. Nuevamente se sospecha de un posible direccionamiento, pero desde la petrolera pública señalaron que en el llamado “se presenta quien quiere presentarse”.
Petropar destinará G. 1.587 millones en una consultoría para un “diagnóstico” integral de sus plantas de Villa Elisa y Troche , además de sus ocho servicentros propios. En la estatal se jactan de “austeridad”, pero dilapidarán una fortuna en esta contratación, cuando sus más de 1.000 funcionarios podrían hacer este trabajo.
El Senado rechazó y remitió al archivo el plan del gobierno de Mario Abdo Benítez que era para tomar un préstamo del Banco Interamericano de Desarollo (BID) de US$ 20.600.000, que pretendía usar en el pago a consultorías para el Ministerio de Hacienda, específicamente sobre el sistema de pensiones y jubilaciones.
Es mucho el dinero que la alianza entre corruptos y charlatanes arranca al contribuyente, a menudo con la aparente complicidad de organismos internacionales. Ocurre que hay toda una “mafia” de entidades y “expertos” nacionales y extranjeros dedicada a la compraventa de análisis que terminan acumulando polvo en los archivos, por la simple razón de que son inútiles o innecesarios o porque el órgano ejecutor descuella por su ineptitud. Se trata de un modo “elegante” de robar al país, al que deben prestar suma atención la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el Ministerio Público.
La Cámara Paraguaya de Consultores (CPC) emitió el viernes último un comunicado en el que defendió las criticadas licitaciones que lanzó el MOPC para la elaboración de un “inventario vial” y un “conteo del tránsito”, que le costarán G. 25.537 millones a la institución. La cartera tiene 4.000 funcionarios pero no puede hacer ni un inventario vial.