Emil Mendoza, presidente del directorio de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay, habló sobre la situación cambiaria del peso argentino y cómo influiría el gobierno de Javier Milei. Subrayó que, según perciben de sus clientes, hay mucho miedo por el futuro de esta moneda y sus efectos se verían en los próximos meses.
CIUDAD DEL ESTE. Tras las intervenciones en dos casas de cambios en el caso “Belia”, el gremio que aglutina a los operadores cambiarios se pronunció y sostiene que las transacciones de los clientes quedan registradas en el sistema de control.
El asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, aclaró que se estableció mediante un análisis del promedio de operaciones que las casas de cambios deban informar si una persona realiza una transacción que alcance los US$ 1.000. A la vez, indicó que esta determinación forma parte de una actualización de la normativa para obtener un sistema de prevención “homogéneo”.
Diego Marcet, asesor jurídico de Seprelad, aseguró que varias casas de cambios están aplicando mal las nuevas normativas que se emitieron en el marco de la lucha contra el lavado de dinero, por lo cual la creen restrictiva. Indicó que están abiertos para recibir a representantes de la asociación para explicar todo lo relacionado a los nuevos formularios, pero la normativa vigente no va a ser modificada.
La Seprelad lanzó la semana pasada una nueva medida “antilavado” que establece como exigencias ciertas documentaciones para realizar cambios de divisas. Los representantes de las casas de cambios afirman que son casi “imposibles” de cumplir, que perderán clientes y se fortalecerá el mercado negro.
Se sospecha que el arrestado Julio César Duarte Servián, propietario de varias casas de cambio, era el encargado de hacer pequeños movimientos de dinero en nuestro país a través de una red de prestanombres para lavar activos provenientes del narcotráfico y así no alertar a la Seprelad. Hoy fue detenido en una serie de allanamientos simultáneos en Paraguay y Brasil para desmantelar una organización criminal e internacional dedicada a tráfico de cocaína.