El amor a la patria es un noble sentimiento que debe reflejarse en el civismo de gobernantes y gobernados, en el celo constante por los intereses y las instituciones del país. Se demuestra menos con algunas palabras de circunstancia, pronunciadas con unción en algún aniversario como el de la Independencia nacional, que con un comportamiento en la vida pública que responda al anhelo de que el Paraguay prospere con justicia y libertad. Es muy fácil cantar loas a los próceres o ponerse la bandera tricolor al cuello en una campaña electoral, pero no lo es tanto resistir las tentaciones que ofrecen el poder político y los lazos personales con quienes lo ejercen.
Hoy será una jornada decisiva para los próximos años en nuestro país, pues con las internas partidarias de cara a las elecciones generales del 2023 tenemos la oportunidad de hacer un primer filtro de los candidatos que buscan ocupar cargos públicos.
Con gran despliegue propagandístico la entidad binacional Yacyretá (EBY) estuvo repartiendo la semana pasada “kits” de alimentos entre las cientos de familias menesterosas que pueblan los diversos reasentamientos de afectados por la construcción de la usina hidroeléctrica.
Una cosa es la violencia psicológica, violencia física que se ejerce contra las mujeres en el ámbito familiar, otra es la denuncia de “violencia política” que se ejerce contra los compañeros y las compañeras que denuncian irregularidades dentro de sus partidos y los prepotentes (que ocupan cargos o reciben dinero) la utilizan para victimizarse y denunciar como violencia física, cuando lo que menos existió fue eso.
En estas elecciones muchos clanes familiares buscan perpetuarse en el poder instalándose en cargos electorales. Si bien ser familiar de funcionarios públicos no es un delito o impedimento legal, se cuestiona que familias enteras copen los espacios de poder mediante el uso de sus influencias.
Para este año fueron creados 8.230 puestos más con relación a la cantidad del año pasado. Aparte de la Policía y Defensa, agregaron más lugares en el Congreso, Presidencia y la Corte. En tanto, la deuda pública sigue subiendo y ya llega a US$ 7.108 millones, un 24,1% del PIB. El monto del pasivo también incluye US$ 300 millones de la ANDE y US$ 67 millones de la INC.