En los últimos cinco años, el número de cargos públicos en el Presupuesto General de la Nación aumentó en 18.714, de acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda dado a conocer esta semana y que resume el anexo del personal que forma parte de las leyes vigentes para cada año. Así, refiere, que en 2018 la cantidad era de 298.183 y para este año ascendió a 316.897. Los cargos de funcionarios permanentes están asignados a las diversas instituciones que forman parte de la Administración Central y de las entidades descentralizadas, cuyas remuneraciones se financian con recursos provenientes del pago de los impuestos y de los servicios públicos.
La ley presupuesto autoriza cada año a las entidades públicas a implementar el programa de retiro voluntario de funcionarios, pero a pesar de esta medida el número de cargos en el Estado continúa aumentando.
Esta semana la Cámara de Diputados terminó incorporando 1.359 nuevos cargos en total y reasignando G. 60.000 millones al gasto salarial en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2022, que pasó a consideración de la Cámara de Senadores para su estudio, según el informe preliminar manejado por el Ministerio de Hacienda. Los datos fueron expuestos el viernes último por el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Marco Elizeche, quien estuvo acompañado de la directora general de Presupuesto, Teodora Recalde, en una conferencia de prensa virtual sobre lo aprobado por Diputados.
La repartija de cargos, que se dio y dará en los meses que vienen, deja poco margen a la esperanza de que se tengan en cuenta méritos, experiencia y honestidad al momento de tomar decisiones de esta clase.
Según el director de Aduanas, es normal que se pidan cargos en la institución. En la Cámara de Diputados no hubo quorum para interpelar a Julio Fernández.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 tiene asignado un total de 312.150 cargos en las diferentes instituciones componentes de la administración central y de las entidades descentralizadas; y se prevé destinar el 75% de la recaudación tributaria para financiar los salarios públicos.