Una vez más, a las apuradas y sin suficiente debate, la Cámara de Diputados prevé tratar el próximo martes 12 un proyecto de ley impulsado por el el Ejecutivo, en este caso el que pretende dar influencia al Poder Ejecutivo sobre la Contraloría General de la República (CGR) y eliminar la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), por haber “osado” denunciar el caso Avión Iraní. Los mismos oficialistas temen que se use a la Contraloría como “garrote”.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, defendió el proyecto de ley que establece el “Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción”. Aseguró que es “positivo”, pues prevé mejores mecanismos para denuncias y prevención. Confirmó que la Contraloría va a “absorber” la Senac y su presupuesto.
La Contraloría General de la República (CGR) informó que detectó posibles irregularidades en la Municipalidad de Belén (Concepción) administrada por el intendente Javier Peralta (ANR-FR) durante la fiscalización especial inmediata que se hizo a la gestión del 2022. Según el informe final del ente contralor, existirían desprolijidades por G. 5.414 millones en la Municipalidad de Belén.
La Contraloría General de la República (CGR) informó que la aplicación para reportar posibles irregularidades o falencias con el programa “Hambre Cero” recién entrará en funcionamiento en la segunda quincena de setiembre, es decir, 40 días después del comienzo de la distribución de alimentos en las escuelas del país.
La Contraloría General de la República (CGR) diseñó su hoja de ruta para realizar controles a diversos organismos y entidades del Estado. En la lista están más de 70 instituciones que administran recursos estatales, entre ellas municipios, gobernaciones, secretarías y ministerios.
La Contraloría General de la República (CGR), a cargo del contralor Camilo Benítez Aldana (ANR), habla de transparencia, sin embargo, en su informe de rendición de cuentas del primer semestre de los intendentes y gobernadores llamativamente omitió publicar los nombres de municipios cuyos jefes comunales no entregaron sus documentaciones para justificar el uso del dinero público. Once administraciones están en falta.