La Contraloría General de la República (CGR) pretende gastar este año G. 12.240 millones en seguro sanitario privado para sus funcionarios y G. 1.417 millones en viajes y viáticos. Según el presupuesto general, la institución dispone de G. 185.399 millones, que en mayor porcentaje van para pagar los gastos rígidos.
Durante el acto de promulgación de la ley “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”, desarrollado este martes en el Palacio de Gobierno, el contralor general de la República, Camilo Benítez, dijo que el Poder Ejecutivo no podrá dirigir a la Contraloría acerca de qué hechos auditar y cuáles no.
Una vez más, a las apuradas y sin suficiente debate, la Cámara de Diputados prevé tratar el próximo martes 12 un proyecto de ley impulsado por el el Ejecutivo, en este caso el que pretende dar influencia al Poder Ejecutivo sobre la Contraloría General de la República (CGR) y eliminar la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), por haber “osado” denunciar el caso Avión Iraní. Los mismos oficialistas temen que se use a la Contraloría como “garrote”.
Tras la presión de la comisión “garrote” para auditar al grupo ABC, el contralor general de la República, Camilo Benítez, indicó que si la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) requiere a la institución realizarían una fiscalización especial inmediata de los últimos 10 años para tratar de evaluar los criterios que la previsional ha tenido históricamente con los contratos de fideicomisos con varios bancos.
Este miércoles, el Senado analizará un polémico proyecto de ley por el cual la Contraloría General de la República (CGR) gane la facultad de emitir dictámenes “vinculantes” y también absorba a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). La oposición teme que esta atribución “vinculante” se use para apretar a la Fiscalía, con el objetivo de otorgar impunidad a los amigos del poder y perseguir a opositores. El contralor Camilo Benítez niega que esa sea la real intención y que la ley se refiera a eso.
La Contraloría General de la República (CGR) evaluó nuevamente a varias municipalidades sobre el plan de manejo que cada intendente presentó para mejorar su gestión. En la lista figuran seis instituciones, de los cuales dos están aplazadas, dos cumplieron de manera parcial y dos aplicaron a cabalidad sus planes de mejoramiento.