En su declaración durante el juicio oral sobre la causa de Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, a quienes el Ministerio Público investigó por presunto contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia, el exministro de Salud Julio Mazzoleni mencionó que hubo ciertas discrepancias en cuanto a las especificaciones técnicas de las camas que se querían adquirir, motivo por el cual “se rechazaron esos productos y se inició un proceso de rescisión”, recordó el exministro.
Hasta la fecha, unos 63 amparos ingresaron a Salud Pública, reclamando cubrir gastos, en su mayoría por internación en sanatorios privados. Según la cartera sanitaria, 15 de ellos ya cuentan con sentencia firme.
El Dr. José Zarza, de la asociación de Sanatorios privados, comentó que le preocupa el aumento de casos de COVID-19, lo que representa una mayor ocupación de las camas disponibles en ese sector. En ese sentido, comentó que el Ministerio de Salud se encuentra atrasado en cuanto a los pagos por el “alquiler” de camas de terapia.
Una joven madre de la ciudad de Loma Plata, Chaco paraguayo, falleció buscando una cama de terapia intensiva. Tenía 24 años y dejó un bebé menor de un año.
El 100% de las camas hospitalarias de UTI está ocupado por pacientes con cuadros respiratorios graves, tanto en el sector público como el privado, informó el Dr. Ángel Núñez, director de Terapias de Salud. Asimismo, indicó que ya no es predominante en estas unidades la internación de personas con comorbilidades, pues están observando una gran cantidad de ingresos de contagiados sin enfermedades de base. Agregó que el índice de mortalidad en dicha unidad se redujo a un 35%, en contraste con el 90% que se manejaba al principio de la pandemia de COVID-19.
Dos hermanas buscan desde hace 18 días una cama de terapia intensiva en el hospital IPS Ingavi para su padre, Hilario Noguera, de 71 años, quien se encuentra en estado crítico a causa del COVID-19. “Lo más triste va a ser que mi papá se tenga que ir por falta de terapia”, afirman.