La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal emitió un comunicado en el que anunció el desembolso del mes de octubre para sus asociados. En esta nota te contamos cómo repudiaron el retraso del pago de sus haberes los jubilados y pensionados.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM) hizo un “emotivo” posteo felicitando a la “familia municipal” en sus redes sociales y la respuesta ciudadana fue de total repudio. Los reclamos por la pésima administración que realiza el imputado Venancio Díaz Escobar, presidente del Consejo de Administración, fueron una constante en cada mensaje. A eso se suma la falta de pagos de haberes para todos.
Tras un año de la vigencia de la Ley N.º 7235/2023, “Que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”, el Consejo de Seguridad Social sigue sin integrarse, tampoco pueden designar al superintendente, ni contar con estructura presupuestaria para 2025.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), cargo del imputado Venancio Díaz Verón, emitió hoy un nuevo comunicado pero sin el Din Din Don esperado para los jubilados. No dice cuándo pagarán los haberes atrasados y a modo de consuelo anuncian que están en una “mesa de trabajo” con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Municipalidad de Asunción para buscar recursos financieros.
La situación crítica en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM) se acentúa cada día y, ahora, el Consejo de Administración, cuyo titular es el imputado Venancio Díaz Escobar autorizó subastar 24 inmuebles de la institución, supuestamente para reactivar la “cartera de préstamo”. Mientras tanto, los jubilados siguen sin saber si cobrarán sus haberes de diciembre y parte de noviembre.
La Cámara de Senadores rechazó y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que plantea varias modificaciones al proyecto de ley que intentaba salvar la Caja Municipal. Los senadores rechazaron la normativa por falta de respaldo técnico mientras se agudiza la crisis por la falta de pago de unos 300 jubilados.