La lucha por la reivindicación salarial, la independencia del Poder Judicial, el lento proceso para la designación de los operadores de justicia y el cobarde atentado contra dos juezas, en Pedro Juan Caballero, fueron algunos de los reclamos que presentó la delegación oficial de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP), en la República de China, Taiwán.
Ante los aplazos masivos de jueces, fiscales, defensores públicos y síndicos que concursan para seguir en sus cargos, la Asociación de Magistrados solicitó al Consejo de la Magistratura (CM) que le provea los exámenes donde el 44% de los operadores de justicia no obtuvieron el puntaje mínimo.
Apenas el 10% de los concursantes a diversos fueros dentro del Poder Judicial pasó los exámenes de conocimiento específico organizados por el Consejo de la Magistratura. Al respecto, la Asociación de Magistrados Judiciales emitió una serie de reclamos y críticas al proceso de evaluación. También exigen la reposición de los puntos perdidos.
Miembros de la Asociación de Jueces del Paraguay pidieron por nota a su titular, el camarista Delio Vera Navarro, el retiro del anteproyecto de Ley de la Carrera Judicial, al tiempo de cuestionar su actuación. En esa línea se pronunció la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, cuyo presidente es el camarista Ángel Daniel Cohene. Los operadores de justicia argumentan que el anteproyecto afecta a derechos jubilatorios adquiridos, al elevar el tiempo de aporte y la edad para pasar a retiro de la magistratura,
La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP) solicita a los organismos de seguridad a proveer personal capacitado y suficiente para resguardar, tanto a los operadores de justicia como a los usuarios del sistema de justicia que acuden a las sedes del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa Pública.
El presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP), Enrique Mongelós, emitió un comunicado pidiendo a los legisladores que no incluyan a magistrados y fiscales entre los que sufran topes salariales y recortes a beneficios excesivos. El comunicado plantea que los buenos salarios ayudan a que operadores de justicia no sean corruptibles.