Asegurados de IPS

Docentes, jubilados, asegurados y diversos sectores se manifestaron este viernes frente a la Caja Central del IPS, denunciando la corrupción y las precariedades de la previsional, y exigiendo la renuncia del consejero Dr. Aníbal de los Ríos.

En la Clínica Boquerón del Instituto de Previsión Social (IPS) los asegurados siguen padeciendo un pésimo servicio de salud que solo es bueno en el discurso del Gobierno nacional, pero en la realidad está muy lejos de ser óptimo. Las dificultades empiezan desde que uno busca el turno y se extienden hasta que uno se acerca a la farmacia a buscar un medicamento, que en ocasiones no está disponible.

La Asociación Nacional de Asegurados pidió al Poder Ejecutivo que declare de inmediato al ente en estado de emergencia financiera, que los bienes de sus exadministradores sean embargados y que los empresarios que intervinieron en “negociados” sean sometidos a proceso. Los acuciantes reclamos son una consecuencia más de la dramática situación que dicha entidad sufre desde hace largos años, sin que jamás se hayan tomado las medidas necesarias para sanearla a fondo. Los Gobiernos y los Consejos de Administración van y vienen, pero todo sigue igual como si las notorias insuficiencias e irregularidades del IPS fueran del todo incorregibles. La corrupción y la ineptitud siguen sometiendo a los pacientes y a sus familiares al calvario de soportar, entre otras agudas carencias, la falta de insumos y de medicinas que no pueden costear.

Cientos de asegurados que buscaban marcar una cita médica se agolparon ayer en el IPS, que prometió que tras una “reingeniería”, los turnos marcados serán para dentro de 15 días como mínimo. Hartos del deficiente sistema de agendamiento vía web o call center, los pacientes coparon las ventanillas; hubo empujones y hasta descompensados. Pese a formar fila desde la madrugada, muchos se quedaron sin un turno.

Desde la Asociación de Asegurados del IPS reclaman al Gobierno que se declare emergencia sanitaria en la previsional a fin de que se puedan adoptar medidas para revertir la crisis financiera e institucional que atraviesa. También exigen el embargo de bienes de exadministradores y el procesamiento de empresarios que fueron parte de supuestos “negociados”.