Astelev de Simón Recalde, empresa unipersonal denunciada por supuestamente falsificar certificados para quedarse con un millonario contrato del Congreso Nacional para la provisión e instalación de ascensores, figura como la favorita desde 2020. A partir de ese año suma siete acuerdos que totalizan en forma global G. 5.004 millones. De ese monto más de G. 2.433 millones se destinaron SOLO a mantenimientos y reacondicionamientos. Lo llamativo es que en ese lapso se registraron más percances con los elevadores.
La Dirección de Servicios Generales de la Cámara de Diputados dispuso que los días lunes, martes y miércoles el ascensor sea utilizado exclusivamente por los diputados. Este trato privilegiado había sigo exigido principalmente por la diputada colorada Cristina Villalba apenas asumió el cargo de legisladora en el periodo pasado. Luego de las críticas, la intención quedó desactivada hasta ahora.
Los diputados Ramón Romero Roa y Kattya González opinaron que es inapropiada la medida de destinar ascensores exclusivos para los parlamentarios en la Cámara Baja, pues los aleja más aún del aprecio y la cercanía de la gente.
Los dos ascensores de la Municipalidad de San Lorenzo están inactivos desde hace tres meses. Fueron comprados por 338 millones de guaraníes por el entonces intendente Albino Ferrer (ANR cartista) cuando fue ampliada la sede.
Mientras la Corte prevé US$ 45 millones para sus funcionarios en el 2018, los usuarios de justicia sufren un servicio ineficiente. A esto se suma que hace rato dos ascensores y escaleras mecánicas del Palacio de Justicia de Asunción no funcionan. Para mantenimientos y reparaciones se pidieron G. 45.000 millones para el año próximo.