PRESIDENTE FRANCO. La fiscala Thaís García abrió un proceso penal contra un mecánico, a quien imputó por supuestamente apropiarse de la camioneta de un exdiputado.
CIUDAD DEL ESTE. La abogada y docente María Lourdes Parra Colmán fue imputada en dos causas penales abiertas por la Fiscalía y por supuestamente abandonar a sus padres enfermos, tras apoderarse de todos sus bienes bajo engaños.
El exintendente de Lambaré Armando Ramón Gómez Arévalo, de 56 años, y su exdirector de Administración y Finanzas Roberto Ever Paredes Ojeda cumplirán arresto domiciliario en el proceso que afrontan por presunta lesión de confianza y apropiación, por el desvío de más de G. 7.300 millones de fondos jubilatorios. La fiscalía había solicitado la prisión preventiva del político liberal, ya que es la segunda causa que afronta por hechos de corrupción.
CIUDAD DEL ESTE. La abogada Elizabeth Noemí Anzoategui Rivarola es investigada por la Fiscalía por supuestamente apropiarse de una millonaria indemnización perteneciente a su cliente, una víctima de la dictadura stronista.
CAAGUAZÚ. María Elena Caballero, hija del escribano Mario León Caballero Adorno, del distrito de Ybycuí, en el departamento de Paraguarí, es la principal sospechosa de haber proporcionado los documentos necesarios para la elaboración del poder general con el cual se efectivizaron dos cheques de G. 400 millones cada uno. Estos fueron expedidos por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a favor de dos familias de escasos recursos de Caaguazú, y que fueron apropiados por Anadelia Acosta y el abogado Darío Flores. La fiscala Norma Salinas ha señalado que María Elena Caballero será imputada en los próximos días.
CAAGUAZÚ. La exfuncionaria de la Cámara de Diputados, Anadelia Acosta, y el abogado Darío Flores deberán devolver los G. 125 millones restantes de los G. 800 millones que la ANDE desembolsó en concepto de indemnización a favor de dos familias humildes de esta localidad. La fiscalía asegura que el dinero restante pertenece al Estado y que debe ser devuelto a la entidad emisora para que el caso de apropiación y estafa quede extinguido.